Rosarito Informa.-Con una votación unánime de parte de los legisladores, el
Pleno del Congreso local aprobó diversas reformas al artículo 242 bis del
Código Penal del Estado, mediante las cuales se establece que el delito de violencia
intrafamiliar se perseguirá de oficio, además de que “en ningún caso el
Ministerio Público remitirá para mediación, o proceso alternativo de solución a
las víctimas de violencia familiar”.
Las
reformas venían contenidas en el dictamen número 61de la Comisión de Justicia,
las cuales fueron producto de una conjunción de iniciativas de las diputadas
Nereida Fuentes González y Rosa Isela Peralta Casillas, así como del legislador
Roberto Dávalos Flores.
Por otra
parte, se inscribe que la persona que dolosamente ejerza actos de violencia
física o psicológica, deberá sujetarse a “tratamiento integral psicológico o
psiquiátrico especializado dirigido a su rehabilitación, así como también
deberá pagar este tipo de tratamiento hasta la recuperación total de la
víctima”.
Asimismo,
se dispone que deberá entenderse como violencia física, “a todo acto
intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o
sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del
otro”; además, que la violencia psicológica será “toda acción u omisión
reiterada, ejecutada por cualquier medio distinto al contacto físico, que con
el propósito de perturbar, degradar o controlar la conducta de una persona le afecte
psíquica o emocionalmente”.
Por
último, esta propuesta de reforma al Código Penal de Baja California aprobada
por el Poder Legislativo el día de hoy, establece que “cuando proceda, el
agente del Ministerio Público podrá solicitar a la autoridad judicial
correspondiente el embargo de sueldos o salarios al agresor, a efecto de
garantizar las obligaciones alimentarias”.
El
dictamen fue leído en la máxima tribuna por el presidente de la Comisión de
Justicia del Congreso, diputado Juan Manuel Molina García. Las reformas
aprobadas serán enviadas al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
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