Cero Grados.-La diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz del Partido del
Trabajo, presentó ante el Pleno un punto de acuerdo por medio del cual exhorta
al Gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid y a la Procuradora General de
Justicia del Estado, Perla del Socorro Ibarra Leyva a que rindan cuentas ante
este Congreso, en relación a los actos de extorsión y hostigamiento en contra
de los periodistas y libertad de prensa.
Solicitó además que la XXII legislatura exhorte a la
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de
Expresión de la Procuraduría General de la República, para que inicie las
investigaciones sobre dichos delitos llevados cabo por el Ejecutivo Estatal en
contra de periodistas de Baja California.
En su exposición de motivos, se refirió a la situación que
fue denunciada por la periodista Adela Navarro Bello. Se agrega a la lista el
periodista Antonio Heras, quien sin prueba alguna ha sido sujeto a diversos
procesos penales, evidentemente falsos, responsabilizando al gobernador Vega de
la Madrid en su afán de coartar la libertad de expresión.
“No es un hecho aislado -dijo- pues la autoridad local ha
perpetrado otras violaciones a derechos fundamentales que hacen pensar que se
trata de una práctica sistemática que aleja cada vez más al gobierno de dicha
entidad del Estado de Derecho”.
Incluso ese año, la Cámara de Senadores aprobó un punto de
acuerdo presentado por legisladoras de todas las fuerzas políticas, por medio
del cual se reprueban las expresiones discriminatorias del Titular del Poder
Ejecutivo que afectan a las mujeres, agregó.
Por otro lado, la legisladora señaló que en lugar de dar
respuesta a los jornaleros del valle de San Quintín que anunciaron
pacíficamente su inconformidad, el mismo alto funcionario optó por reprimir a
los campesinos que ante la falta de atención a su pliego petitorio tomaron las
calles para hacer público su rechazo a las condiciones infrahumanas en las que
realizan su trabajo en los sembradíos.
Tanto este antecedente como la violación a la libertad de
expresión manifestada por decenas de periodistas en una carta pública de fecha
11 de Noviembre, son episodios violatorios a libertades civiles y falta de
satisfacción a derechos sociales, que colocan al Baja California en el umbral
de ausencia del orden constitucional.
Puntualizó que en este mismo contexto, destaca el ataque del
gobierno del Estado a los diarios la Crónica de Mexicali y el Frontera de
Tijuana y de Ensenada, ya que a través del boicot publicitario, se pretendió
inhibir su trabajo informativo.
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