Por.-
Alfredo Calva
Lamentos
legislativos….
El
grupo parlamentario del PRI encabezados por su coordinador, Alejandro Arregui,
a través de lamentos quieren lavar su omisión e indolencia en el ejercicio de
sus responsabilidades en el poder legislativo, que se mostró y demostró con el problema
que surgió a raíz de la aprobación de la famosa Ley del Agua.
Los
cinco integrantes tricolores de la XXII Legislatura del Estado, en conferencia
de prensa dieron a conocer las actividades que han realizado en lo que va de su
ejercicio a partir del primer día del mes de octubre del año pasado, intentaron
destacar lo referente a su oposición a la aprobación y la consecuente
abrogación de la Ley del Agua.
Agregaron,
que con la abrogación de la Ley del Agua no existe otro ordenamiento que tienda
a privatizar el servicio de agua potable y alcantarillado, que lo que se
estipula en la llamada ley de las APP, respecto a la ejecución de obras hídricas
con capital privado, no es indicativo de privatización de los sistemas.
Como
Pilatos se lavaron las manos y culparon a la pasada legislatura de ser sus
integrantes, veintitrés de los veinticinco diputados, los que con su voto
aprobaron la denominada Ley de las Asociaciones Público Privadas conocida como
Ley de las APP, ordenamiento que da paso a la generación de obras como las
plantas desalinadoras que se construirán en Rosarito, San Quintín y la ciudad
de Ensenada, y que quedaron asentadas en la misma ley en junio del 2016.
Al
respecto señalaron, que existen sospechas de malos manejos y visos ocultos en
los procesos de adjudicación de las obras que se encuentran plasmadas en la ley
de las APP, que apenas se darán a la tarea para fiscalizar, sin embargo, se
lamentaron de que en el poder legislativo no existan los equilibrios que
permitan una verdadera revisión de las obras y la aplicación correcta de los
recursos económicos, ya que el gripo parlamentario del PAN se arrogo las
comisiones de presupuesto, hacienda y fiscalización, es decir, ellos al ser mayoría
en el congreso le aprueban lo que quiere a su gobernador y ellos mismos lo
fiscalizan, lo que ha venerado la fuerte inconformidad ciudadana y los
constantes señalamientos de irregularidades cometidas por el ejecutivo.
Su
afán de lavar a través de lamentaciones y quejas su omisión y falta de
capacidad para realizar su trabajo en favor de los bajacalifornianos, no les
permite entender de que ya deberían haber llamado a cuentas a l titular de la
Sidue, Manuel Guevara, a fin de que explicara los procedimientos de adjudicación
de las obras, y con base en que datos se establecieron los montos de pago
mensualmente a las empresas que pondrán sus capitales para la realización de
las mismas, y por su puesto, cual fue la base para determinar el un ero de años
de estos pagos.
Es
claro que, Alejandro Arregui, Bernardo Padilla, Patricia Ríos, Marco Antonio
Corona y Benjamín Gómez, tratan de jugar y burlarse de la inteligencia de los
ciudadanos, su apatía y falta de acción ante el problema que se genero por la aprobación
de la Ley del Agua para defender a quienes les pagan sus onerosos salarios y
sustanciales prebendas, los quieren engañar y pretenden revertir la situación inculpando
a sus antecesores, sin asimilar y asumir su responsabilidad de transparentar todo
los procesos de adjudicación y de pagos que plasmaron en la ley de las APP.
Con
lamentaciones no se transparenta nada, y solo dejan la sensación de que están
dolidos porque no les toco una rebanada del pastel legislativo de las
comisiones.
Y
mientras tanto….
La
inseguridad en Rosarito crece, el titular de la Policía Municipal sigue en
activa agenda social, mientras le riegan los cadáveres por toda la ciudad.
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