Cero Grados.-Con la finalidad de proteger a los agentes policiacos de Baja California y a sus familias, el diputado tijuanense Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, presentó, ante el pleno de la 22 legislatura estatal, una iniciativa de reforma a la ley de Seguridad Pública del Estado, para otorgarles, con plenitud, el derecho a la seguridad social.
Al exponerla en tribuna, hizo hincapié en que la Constitución Federal, la ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica y la ley de Seguridad Pública del Estado, reconocen a los miembros de las instituciones policiales el derecho a la seguridad social; sin embargo, la actual y escasa normatividad no les garantiza plenamente este derecho, ni protege, como se debería, a sus familiares y dependientes.
Por ello, esta iniciativa plantea desarrollar un régimen legal de seguridad social especial, que no dependa de convenios o acuerdos como los celebrados con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con los cuales no se da de alta a los miembros de las instituciones policiales con el total de las remuneraciones que perciben, ni se les otorgan prestaciones dignas y suficientes para ellos, sus familiares y dependientes.
Corona aseveró que a los agentes "debemos corresponderles; más aún cuando, en cumplimiento del servicio que prestan a la comunidad, fallecen o sufre lesiones de tal magnitud que no les es posible continuar laborando".
"Es una necesidad reconocer el derecho humano a la seguridad social, explícita y ampliamente, a los familiares y dependientes de los miembros de las instituciones policiales", agregó.
El diputado local explicó que su iniciativa contempla que los miembros de las instituciones policiales, así como sus familiares y dependientes, gocen, cuando menos, de la afiliación a un sistema de seguridad social especial; prótesis gratuitas cuando, en el cumplimiento de su deber, sufran la pérdida de alguna extremidad; tratamiento psicológico o psiquiátrico cuando así se requiera; el otorgamiento de un seguro de vida o pago póstumo por muerte natural, accidental o por riesgo de trabajo; apoyo para gastos funerarios; así como licencias con derecho a remuneración por accidentes y enfermedades profesionales, no profesionales y maternidad.
También de una pensión por jubilación, retiro, invalidez y muerte; el acceso a créditos para obtener vivienda; y a que, en caso de fallecimiento del elemento de la institución policial, se asegure a sus descendientes el acceso a la educación básica, media superior y superior.
El parlamentario emanado del distrito 9 de Tijuana aclaró que la reforma presentada contempla que, si con motivo del inicio de un procedimiento de separación definitiva o responsabilidad administrativa se ordena la suspensión preventiva del miembro de una institución policial, éste, sus familiares y dependientes, continuaran gozando de las prestaciones de seguridad social, hasta en tanto no quede firme la respectiva resolución conforme a las disposiciones aplicables.
A la presentación de la iniciativa concurrió el presidente de Fraternidad Policiaca A.C., Antonio Navarrete Castillo.
La iniciativa fue turnada a la comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado.
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