Cero Grados.- El diputado Catalino Zavala indicó que el pueblo de Baja California, ha mostrado que tiene cierta desconfianza en el Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que considera que habrá credibilidad hasta que las autoridades estén dispuestas a investigar, perseguir y castigar los actos de corrupción.
Esto fue señalado por el coordinador de los diputados de MORENA, al emitir un posicionamiento ante el Pleno, relativo a la aprobación del dictamen 16 de la Comisión de Gobernación, que contiene reformas a diversos artículos de la Constitución del Estado para crear el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Opinó que con esta reforma se asentarán las bases del SEA, siendo apenas el inicio de la construcción de un verdadero andamiaje jurídico-normativo, donde la intención primordial es que en Baja California, se disminuyan los índices de impunidad y corrupción, que dañan invariablemente a la sociedad.
“Por ello, este Congreso local, -dijo- deberá seguir con la responsabilidad legislativa de que las leyes secundarias sean claras y detalladas, apegadas al espíritu de la reforma, con apoyo invariablemente de diversos sectores de la sociedad civil.”
Esto nos permitirá efectivamente medir sus fortalezas y debilidades para lograr los fines que se han establecido en la reforma, con el objetivo claro de que se vea reflejado el dominio pleno del poder ciudadano, sin permitir en ningún momento que se sobrepongan intereses políticos de unos cuantos, agregó.
Luego expresó que el Grupo Parlamentario de MORENA, desde este Poder Legislativo estará siempre vigilante para hacer cumplir la Carta Magna y la Constitución local, en el entendido de que las reformas van aparejadas al sentir ciudadano actual.
Se dirigió a los legisladores ante el Pleno, para decirles: “como Congreso, ejerzamos cabalmente la función de contrapeso real del Poder Ejecutivo, cumpliendo con la función y vigilancia de los recursos ejercidos con apoyo de los órganos de fiscalización”.
Por otro lado, mencionó que actualmente existen 11 exgobernadores del país, que tienen que rendir cuentas ante la justicia por diversos delitos como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos; venta ilegal de terrenos del patrimonio estatal, delitos electorales y tráfico de influencias.
Hasta ahora se encuentran 7 gobernadores tras las rejas, “esto nos indica que se deben de hacer las cosas bien porque la ciudadanía nos lo exige y, en la actualidad, está en constante vigilancia de las actividades de los funcionarios”, puntualizó.
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