Durante la reunión, llevada a cabo en la sala “Mujeres de Baja California, Forjadoras de la Patria” del Poder Legislativo, los representantes de los mencionados movimientos sociales externaron su gran preocupación por todo lo concerniente a esa inversión; principalmente los relacionados a los daños ecológicos y ambientales que provocarían al establecerse a producir cerveza con agua del acuífero sobreexplotado del Valle de Mexicali.
Otros de los argumentos expuestos por ellos para que no se construya esta empresa, son los relativos a se trata de una obra que no fue socializada y que la manejaron a escondidas de la sociedad; que no se realizó el estudio de impacto ambiental requerido para construirla, además de que repercutirá en la siembra de más de 6 mil hectáreas, afectando a la cadena productiva y la consecuente derrama económica para los habitantes y productores del Valle de Mexicali.
Al hacer uso de la voz, el diputado Benjamín Gómez afirmó que los legisladores no son la autoridad competente para negar o desechar la instalación de una empresa, “lo que sí somos es un Poder que podemos generar opinión a favor o en contra de una política pública”.
En ese sentido, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la XXII Legislatura local se comprometió a realizar reuniones con los representantes de las autoridades de los diversos niveles de gobierno, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Protección al Ambiente estatal, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado y el Ayuntamiento de Mexicali. Lo anterior a efecto de invitarlos a la Audiencia Pública Legislativa que organizaría en fechas próximas la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado.
Subrayó que la reunión será con el propósito de encontrar el equilibrio y punto de encuentro de las diferentes opiniones. Indicó que el tema de la cervecera es un tema técnico, por lo cual debía sacarse de la esfera política; es decir, que “sean los especialistas y las autoridades responsables que nos digan el por qué sí o el por qué no puede instalarse esta empresa en Baja California”.
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