Cero Grados.-La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales
(Cglpc) de la XXII Legislatura local, que preside el diputado Andrés de la Rosa
Anaya (PAN), aprobó de manera unánime en lo general los dictámenes mediante los
cuales se expiden las leyes secundarias que dan sustento al Sistema Estatal
Anticorrupción (SEA): la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción (LSEA), la Ley
de Responsabilidades Administrativas (LRA) y la Ley del Tribunal Estatal de
Justicia (LTEJ), todas del Estado.
Dichas
leyes secundarias tienen su origen en las iniciativas presentadas por el Poder
Ejecutivo, las fracciones parlamentarias de los partidos Acción Nacional y
Revolucionario Institucional y una propuesta ciudadana. Asimismo, los
integrantes de este órgano de trabajo legislativo avalaron de manera unánime
reformas a diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado.
Mediante
la LSEA se promueve una participación mayor de ciudadanos en comparación con la
establecida en el sistema federal, ya que el Comité de Participación Ciudadana
estatal contará con 15 integrantes de la ciudadanía; además, las resoluciones
del Comité Coordinador Estatal serán vinculantes para las autoridades, y no
meras recomendaciones que pueden acatar o no, como está dispuesto en la
legislación a nivel nacional.
En la LRA
se establecen principios y obligaciones actualizadas que regirán el actuar de
los servidores públicos, haciendo la diferenciación de faltas graves y no
graves; pero por otro lado y como algo nuevo, se inscriben las sanciones a las
cuales se harán acreedores los ciudadanos que cometan actos de corrupción en
perjuicio de la sociedad.
Asimismo,
mediante la LTEJ se sientan las bases sólidas para la transición y conversión
del actual Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Tribunal de Justicia
Administrativa; en este último se crea una sala dedicada a juzgar actos de
corrupción y se nombra a un magistrado especializado en el tema para
resolverlos.
Al
finalizar la reunión efectuada la tarde de ayer en la sala “Estado 29”, en
representación de los ciudadanos que participaron en el análisis y redacción de
las referidas leyes secundarias, Francisco Fiorentini Cañedo felicitó al
presidente y a los legisladores integrantes de la Comisión por haber cumplido
su palabra de hacerlos partícipes dentro de los trabajos, además de que hizo el
compromiso de “seguir tomando al Congreso con propuestas, no con carpas”.
Por su
parte, el titular de la Comisión de Gobernación, asambleísta Andrés de la Rosa
subrayó el trabajo arduo realizado durante meses para sacar adelante el Sistema
Estatal Anticorrupción, para lo que se llevaron a cabo foros en los diversos
municipios y múltiples reuniones de la Mesa Redactora, donde participaron
organismos empresariales, académicos y sociales, todo lo cual permitió sacar
adelante las reformas constitucionales en el mes de junio y las leyes
secundarias aprobadas en esta ocasión.
Además, reconoció la participación de la sociedad en todo el
proceso del SEA. Dejó en claro que el binomio legisladores-ciudadanos, puede
construir mejores escenarios en términos de marcos jurídicos para Baja
California, con el fin de ser ejemplo a nivel nacional.
En los
trabajos de la Cglpc estuvieron presentes sus diputados integrantes Andrés de
la Rosa Anaya (PAN), presidente; Marco Antonio Corona Bolaños Cacho (PRI),
secretario, y los vocales Ignacio García Dworak (PAN), Luis Moreno Hernández
(PES), Victoria Bentley Duarte (PAN), Catalino Zavala Márquez (Morena), Raúl
Castañeda Pomposo (PAN) y José Félix Arango Pérez (PAN). Además, hizo acto de
presencia la legisladora Alfa Peñaloza Valdez (PAN).
Cabe recordar que en sesión extraordinaria del pasado 21 de
junio, el Pleno aprobó por unanimidad el dictamen 16 proveniente de la Cglpc,
que contenía reformas a diversos artículos constitucionales para crear el SEA,
el cual será la instancia de coordinación entre las autoridades estatales y
municipales competentes en la prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la
fiscalización y control de recursos públicos.
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