Cero Grados.-Con el dictamen número 1 de la Comisión de Seguridad Pública
y Protección Civil, el pleno de la Vigésima Segunda Legislatura aprobó la Ley
de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de
Baja California, la cual abroga la Ley de Protección Civil de 1998.
La norma surge de la iniciativa presentada el pasado 9 de
marzo del año en curso, por el diputado Montoya Gaxiola, misma que fue
complementada por los planteamientos, experiencias y propuestas de integrantes
de esta Soberanía, personal del Poder Ejecutivo, de la Dirección Estatal de
Protección Civil y de la sociedad
bajacaliforniana.
El estatuto entrará en vigor una vez que se publique en el
Periódico Oficial del Estado, se estructura con siete títulos y 158 artículos,
más 7 transitorios y tiene su base jurídica en el artículo 29 de la
Constitución local.
En esta se busca establecer las bases de integración,
coordinación y funcionamiento de los sistemas estatal y municipales, la
prevención, mitigación, auxilio y salvaguarda de las personas, sus bienes y
entorno.
Además el restablecimiento y funcionamiento de los servicios
públicos indispensables y sistemas estratégicos en casos de emergencia y
desastre provocados por factores geológicos, hidrometereológicos, así como
promover la participación de los empresarios y organizaciones civiles.
Asimismo las tecnologías de la información y la
comunicación, al igual que todos aquellos recursos, herramientas y programas
que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante
diversos soportes tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos móviles,
televisores, reproductores portátiles de audio y video o consolas de juego.
Por otra parte, la organización y la prestación de la
política pública estatal, se sustentará en el Poder Ejecutivo del Estado, quien
deberá realizarlas en los términos de esta Ley y de su Reglamento, por conducto
de las dependencias de la administración pública estatal y los municipios en
sus respectivos ámbitos de competencia, donde quedará incluido el heroico cuerpo de bomberos.
De tal forma, que en las acciones encaminadas a la
identificación, análisis, evaluación, control y reducción de riesgos, se
involucre a los tres niveles de gobierno, con el objetivo de facilitar los
movimientos dirigidos a la creación de políticas públicas para la prevención.
En lo referente a la Planeación de la Protección Civil,
estará a cargo del gobierno estatal y se fundamentará en el Plan Nacional de
Desarrollo, en el Programa Nacional de Protección Civil, en los Planes
Estatales y Municipales de Desarrollo, entre otros.
En cuanto a los recursos, se creará y administrará un fondo
estatal en la materia, cuya finalidad será promover la capacitación,
equipamiento y sistematización de las unidades; el patrimonio será constituido
por los recursos anuales aprobados por el Congreso del Estado al Poder
Ejecutivo y en su caso, con las aportaciones
de los municipios, los donativos de personas físicas, morales y organizaciones
nacionales e internacionales, entre otros.
Por otra parte, los habitantes del Estado podrán participar,
de manera libre y organizada, en grupos voluntarios para apoyar en las
acciones, siempre bajo la supervisión de la Coordinación Estatal o Unidad de
Municipal, según corresponda.
Con respecto a la .gestión integral de riesgos, se
consideran las fases anticipadas a la ocurrencia de cualquier fenómeno natural
perturbador o antropogénico, tales como, el conocimiento del origen,
identificación de peligros, vulnerabilidades, evaluación de los posibles
efectos, revisión de los controles para la mitigación del impacto y acciones
para la prevención.
En lo relativo a las sanciones, se precisan desde una
amonestación, la clausura temporal y el
arresto administrativo, hasta por 36 horas.
Una vez
promulgada, el Ejecutivo Estatal emitirá el reglamento en un plazo no mayor a
180 días, mientras que los sujetos obligados por este precepto tendrán un plazo
de 180 días a partir de la vigencia del presente ordenamiento para elaborar o
actualizar su programa interno de protección civil.
Finalmente, una
vez aprobado el resolutivo en lo general la diputada Eva María Vázquez
Hernández presento una adenda para reformar la fracción trigésima novena en el
sentido de tutelar y garantizar el derecho a la vida y la integridad de
personas que realizan actividades en zonas abiertas como el senderismo, así
como la conformación de equipos de búsqueda y rescate agreste.
El
dictamen fue aprobado por unanimidad por los integrantes de la XXII Legislatura
del Estado de Baja California.
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