Cero Grados.-El Pleno del Congreso de Baja California aprobó por
unanimidad el dictamen 19 de la Comisión de Justicia, el cual contiene una
iniciativa propuesta por la diputada Victoria Bentley Duarte (PAN), para acotar
y combatir aquellas conductas propias de hechos de corrupción provenientes de
particulares.
Mediante
esta reforma aprobada, se adiciona una fracción IV al artículo 307 del Código
Penal del Estado para establecer que comete el delito de tráfico de influencia
y recibirá una pena de dos a ocho años de prisión y de cincuenta a trescientos
días multa:
“Al particular que, sin estar autorizado legalmente para
intervenir en un negocio público, afirme tener influencia ante los servidores
públicos facultados para tomar decisiones dentro de dichos negocios, e
intervenga ante ellos para promover la resolución ilícita de los mismos, a
cambio de obtener un beneficio para sí o para otro”.
En la argumentación presentada, Bentley Duarte mencionó que
con esta modificación al referido Código se configura una nueva conducta
penalmente reprochable, la que a diferencia de los supuestos vigentes, el
sujeto activo son los particulares, no así los servidores públicos.
“La procedencia de la presente iniciativa es irrefutable en
razón de que sobre el particular, las recientes reformas en materia penal que
fueron aparejadas con la discusión y posterior aprobación del Sistema Nacional
Anticorrupción, concluyeron con la necesidad de ampliar el espectro de
conductas penalmente sancionables, en tratándose de hechos de corrupción
cometidos por particulares”, explicó la representante popular.
Asimismo, dijo que su deber como legisladora es responder a
la necesidad de tipificar aquellas conductas que, por el grado de reproche
social, ameritan y demandan la intervención del Estado para imponer castigos.
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