Cero Grados.-El diputado Bernardo Padilla Muñoz (PRI) integrante de la
Vigesima Segunda Legislatura, presentó iniciativa de decreto para reformar la
Ley del Notariado en el Estado de Baja California, con la finalidad de que los
próximos notarios cumplan plenamente con las características de imparcialidad,
plena autonomía e independencia del poder público.
Padilla Muñoz puntualizó que la presente proposición
estipula que ningún diputado local o presidente municipal, pueda aspirar a
ejercer el servicio de notario público sino hasta transcurrido un plazo de un
año, contado al término del último día de su función.
Durante su exposición de motivos, el legislador precisó que
el notario público, por ministerio de ley, es un profesional del Derecho,
investido de fe pública, cuyo principal objetivo es brindar seguridad jurídica
y certeza en los actos y hechos de los que da fe, manteniendo siempre un alto
nivel de profesionalismo, total imparcialidad con los prestatarios del servicio
y plena autonomía en sus decisiones.
El presidente de la Comisión de Reforma de Estado y
Jurisdiccional mencionó: “El Estado debe asegurarse de ser garante que aquellos
investidos de la fe pública, brinden su servicio con las características
señaladas. La delicada y trascendental función notarial no puede estar sujeta a
suspicacias o entredichos”.
El
congresista del revolucionario institucional argumentó que de acuerdo al
numeral 11, las funciones de Notario son incompatibles con todo empleo, cargo o
comisión públicos.
En este sentido,
detalló que la propuesta presentada se armoniza con la tesis emanada de los
Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación en la
Tesis 159857, en materia administrativa, perteneciente a la décima época, la
cual argumenta que se colige que la prohibición prevista en la hipótesis de
obtener alguna ventaja consiste en vedar durante un año posterior al fin del
empleo, cargo o comisión, la posibilidad de que a un servidor público se le
ubique en una posición superior, mejor, respecto de otra persona, como
consecuencia de las funciones públicas que desempeñó.
La proposición fue turnada a la Comisión de Justicia de la
XXII Legislatura para su análisis jurídico, a fin de revisar su viabilidad y
dictaminar en consecuencia.
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