Cero Grados.-El Servicio de Administración Tributaria ha detectado alrededor de 6,500 empresas fantasma, que en el 2017 han facturado lo equivalente al 5% del Producto Interno Bruto, realizando operaciones simuladas o inexistentes por $1.4 billones de pesos, lo equivalente a una tercera parte de todo el presupuesto de egresos de la Federación 2017, según informó el abogado fiscalista, Jorge Alberto Pickett Corona.
El especialista señaló que en México las empresas fantasma existen legalmente, pues se constituyen ante notario público, generalmente mediante prestanombres, se inscriben en el registro público de la propiedad y en el registro federal de contribuyentes, y cuentan con firma electrónica.
Además, expiden comprobantes fiscales (CFDI) utilizando la plataforma del SAT, todo lo cual ha sido de gran utilidad para aquellas empresas que son creadas legítimamente, pero también han servido para la comisión de ilícitos, fraudes y evasión fiscal, de ahí que son llamadas “fantasma” porque sus operaciones son falsas, simuladas o inexistentes.
Pickett Corona comentó que una vez que el listado de “Empresas Fantasma” es publicado en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Sitio Web del SAT, algunas empresas se autocorrigen, recuperando así la autoridad tributaria, recursos de alrededor de 9 millones de pesos.
En tanto que las empresas denominadas fantasmas, han realizado operaciones por 783 mil millones de pesos, siendo el sector hotelero el que mejor encuadra en dicho esquema, y con mayor frecuencia, donde empresas legítimas contratan proveedores reales pero cuyos servicios no son fáciles de acreditar, quienes a su vez, subcontratan a otras empresas y de este modo ir disolviendo el rastro a dichas operaciones y aterrizar recursos en empresas inexistentes.
Es importante mencionar que en este hecho ilícito, no solamente se encuentran involucradas sociedades, sino también personas morales, mismas que celebran operaciones con alguna empresa fantasma.
No obstante, el abogado fiscalista resaltó que el SAT considera como no realizadas tales operaciones, perdiendo el contribuyente la posibilidad de deducir el Impuesto Sobre la Renta, así como el acreditamiento del Impuesto al Valor Agregado respecto de aquella operación simulada.
Aunado a lo anterior, el contribuyente puede ser acusado por defraudación fiscal y del delito específico de quienes emiten facturas falsas, así como delitos que resulten de la investigación que realiza el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP en conjunto con la PGR, y es que cuando las autoridades fiscales detectan a las empresas fantasma.
“Al mismo tiempo, descubren los CFDI emitidos por estas, a otros contribuyentes, y a las dependencias públicas con las que han interactuado; estos comprobantes son falsos, porque amparan operaciones inexistentes o simuladas, ello significa que el SAT puede identificar no sólo los casos de evasión fiscal, sino también de desvío ilícito de recursos públicos, señaló Pickett Corona.
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