Cero Grados.-La Comisión de Justicia (CJ) del Congreso local, que preside
la diputada Victoria Bentley Duarte (PAN), aprobó por unanimidad la iniciativa
que reforma los artículos 26, 126, 127 y 129 del Código Penal del Estado, a fin
de que la máxima penalidad se incremente de 50 a 60 años, lo cual fue propuesto
por la misma presidenta de este órgano de trabajo legislativo.
En ese
sentido, mediante la modificación al artículo 126 queda establecido que se
impondrá de 20 a 60
años de prisión al responsable de homicidio calificado; por
la reforma al artículo 127 se dispone que a la persona que dolosamente prive de
la vida a cualquier ascendiente o descendiente consanguíneo en línea directa, o
a su hermano, con conocimiento de ese parentesco, se le impondrá de 20 a 60
años de prisión.
Por último, a través del cambio al 129 del referido Código
se inscribe que tendrá una sanción de 20 a 60 años de prisión, quien cometa el
delito de feminicidio.
Asimismo, en la misma reunión de la CJ se avaló de manera
unánime la expedición de la Ley del Sistema Estatal de Justicia Terapéutica de
Baja California, cuyo objetivo es establecer una coordinación entre el Poder
Ejecutivo, el Judicial y los gobiernos municipales para lograr una eficaz
rehabilitación de las personas imputadas por consumo de drogas.
El inicialista, diputado Carlos Torres Torres (PAN), refirió
en su exposición de motivos que el primer ejercicio para atender a personas
imputadas con problemas de adicciones se realizó en Nuevo León, y poco a poco
se desarrollaron modelos cada vez mejor diseñados en los estados de Chihuahua,
Durango, Estado de México y Morelos, con miras a implementar el tratamiento de
las adicciones desde la perspectiva del derecho a tener una vida sana física,
emocional y psicológicamente.
Además, señaló que de acuerdo con la experiencia recabada en
los foros sobre adicciones y seguridad que la Comisión de Participación
Ciudadana y Modernización del Congreso de Baja California realizó el pasado mes
de mayo de 2017, “las evidencias señalan de manera muy clara que los
internamientos alternativos a la cárcel, como son los centros de rehabilitación
certificados, han demostrado disminuir la tasa de delitos y, por otra parte,
disminuir también la reincidencia".
Durante la reunión de la Comisión de Justicia, realizada en
el Órgano Superior de Fiscalización de Tijuana, estuvieron presentes los
legisladores integrantes Victoria Bentley Duarte, presidente; Bernardo Padilla
Muñoz, secretario, y los vocales Víctor Manuel Morán Hernández, Alfa Peñaloza
Valdez, Job Montoya Gaxiola, Andrés de la Rosa Anaya, Luis Moreno Hernández y
Raúl Castañeda Pomposo. Asimismo, se contó con la presencia del diputado Carlos
Torres Torres.
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