Cero Grados.-Enrique Peña Nieto sigue siendo el Presidente
de México. De su mandato constitucional aún le falta ejercer el poder por
cuatro meses 21 días más. Concluirá el 1 de diciembre de 2018 cuando tome
posesión Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, por las reacciones de
algunos líderes de sectores, partidos políticos, titulares de poderes, de
gobiernos y congresos, pareciera que el Presidente ya no es Presidente y quien
ocupa ese cargo es el ganador de la elección del 1 de julio de 2018.
Con el presidencialismo tatuado en la piel pública de las
formas que son fondo, los actores de la vida política, económica y social de
México se han volcado hacia López Obrador y casi casi ya “acuerdan” con él
cuando hay un Presidente y es distinto al ganador de la contienda. De repente
en el besamanos que aún no termina, se han olvidado de Peña Nieto y sabrá qué
estará haciendo, tramando o planeando el todavía Ejecutivo Nacional.
Por ejemplo, han comenzado a pedirle al electo que se
comprometa con la lucha anticorrupción (de hecho esa fue su bandera de
campaña), pero se están olvidando que el actual gobierno, al que le restan 4
meses con 21 días, sigue tan corrupto como inició. Que ni Emilio Lozoya Austin,
ni Rosario Robles, ni Gerardo Ruiz Esparza, ni Luis Videgaray, ni el entorno
principal del Presidente, ni Secretario o Universidad alguna que hayan
contribuido a la Estafa Maestra, han sido debidamente investigados, retirados
del cargo, sancionados, o indagados respecto los actos de corrupción por los
que han sido harto señalados en investigaciones de grupos de la sociedad civil
y de periodistas de investigación.
Ahora se acusa a Andrés Manuel López Obrador de no querer
cambiar las bases para la Fiscalía General de la República, cuando el
Presidente Enrique Peña Nieto se negó a hacerlo en su momento cuando con su bancada
y aliados no escuchó a los grupos que exigían un cambio de fondo, y en
contraparte votaron por una premisa que les es favorable, además que hoy día
deja de actuar cuando aún puede cambiar la legislación al tener las Cámaras a
modo.
Casos actuales de sospecha de corrupción hay, y muchos. Por
ejemplo, al 30 de junio de 2018, el gobierno de Enrique Peña Nieto no había
subsanado presuntas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la
Federación sobre la fiscalización de la cuenta pública 2017, por un total de 4
mil 205 millones 585 mil pesos.
En eso, es al sector salud al que más inconsistencias le
fueron detectadas, por 3 mil 691 millones 426 mil pesos. Donde el Fondo para
Aportaciones para los Servicios de Salud es la entidad con mayor recurso
observado, pues se desconoce el destino, transferencia, gasto o inversión de
mil 578 millones 323 mil pesos, además de 575 millones 599 pesos que andan
bailando de los Acuerdos de Coordinación del Seguro Popular, por mencionarle
algunos.
En general, la cuenta pública del 2017 del gobierno de
Enrique Peña Nieto, presenta inconsistencias en, Hacienda y Crédito Público, en
el sector agrícola así como en el de comunicaciones y transportes, en Prospera,
en el gasto de la infraestructura social básica y hasta en el fondo para el
fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal.
O ahí está el terreno de Cancún-Tulum que valuado en mil 239
millones de pesos por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes
Nacional, la SEDATU vendió en 61 millones de pesos.
Y aunque suene cansado (así es la impunidad), el caso de
Odebrecht en cuyas investigaciones internacionales por sobornos de la compañía
brasileña a funcionarios de gobiernos, únicamente en dos no hay investigados,
procesados o sentenciados, y uno de esos países es, por supuesto, México. Donde
Emilio Lozoya Austin, señalado por los directivos -presos- de la compañía como
el depositario de más de 10 millones de dólares, sigue libre, protegido por una
investigación congelada en la PGR, y por amparos del Poder Judicial.
Además aun cuanto incuantificables por el temor de los
extorsionados para denunciar debido a las represalias que pudieran sufrir,
están los moches por adjudicación de contratos, obras, y licitaciones, que el
Gobierno Federal que encabeza Enrique Peña Nieto ha entregado en cinco años y
seis meses.
Total, que por andar señalando al Presidente Electo y
exigirle cuentas anticipadas, se está olvidando que los recursos de México
están siendo administrados por el gobierno señalado como el más corrupto en la
historia reciente de este país, y al cual todavía le quedan 4 meses y 21 días
de gobierno, lo cual no es poca cosa considerando la cantidad de recursos que
aún pueden ejercer, y la documentación que pueden ocultar, proteger o manipular
para cubrir sus tropelías.
Ahora sí que volcados en el presidencialismo, vueltas las
miradas escrutadoras hacia el que aún no toma posesión, se le está dejando el
camino libre a quien ostenta el poder político de la Nación, Enrique Peña Nieto
y colaboradores, quienes todavía están a tiempo de castigar la corrupción, de
enmendar las irregularidades, aunque no se les vean ni ganas ni compromiso de
hacerlo, son quienes en este momento deben rendir cuentas.
El tiempo de Andrés Manuel López Obrador aún no llega. Le
falta poco, pero aún no es Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos. Todavía el Presidente es Enrique Peña Nieto, y es a quien desde la
sociedad civil, organizada y participativa, se debería seguir exigiendo combate
a la corrupción, seguridad y justicia.
Por Adela Navarro Bello
Fuente: sinembargo.mx
No hay comentarios:
Publicar un comentario