Cero Grados.-El Pleno de la Asamblea Legislativa de Baja California
aprobó por unanimidad el acuerdo presentado por la Comisión de Gobernación,
Legislación y Puntos Constitucionales, que preside el diputado Andrés de la
Rosa Anaya, el cual contiene la convocatoria para el concurso de selección para
ocupar el cargo de magistrado de la Sala Especializada en Materia de
Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado.
Durante la
lectura del acuerdo, De la Rosa Anaya informó que los requisitos que tendrán
que cumplir los aspirantes a dicho cargo son, entre otros: ser ciudadano
mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
tener cuando menos 35, y no más de 65 años de edad, al día de su nombramiento,
así como poseer el día de su nombramiento, con antigüedad mínima de 10 años,
título profesional de Licenciado en Derecho o Abogado.
Además, el haber realizado por lo menos durante 10 años una
actividad profesional relacionada con la aplicación, interpretación,
elaboración o investigación de normas jurídicas; haber residido en el Estado
durante 10 años anteriores al día de su nombramiento, y no haber sido condenado
por delito que amerite pena de más de un año de prisión. Pero si se tratare de
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente
la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que
haya sido la pena.
El presidente de la Comisión de Gobernación agregó que los
interesados deberán gozar de buena reputación y buena fama en el concepto
público; y no haber ocupado cargo de elección popular, ni haber ocupado cargo
de dirigencia de algún partido político, o haber sido titular de una
dependencia o entidad de la administración pública federal, estatal o
municipal, o consejero de la Judicatura, durante el año previo a la fecha en
que deba ser nombrado.
Por otro lado, tener por lo menos 5 años de experiencia
profesional en derecho administrativo o tributario, responsabilidades
administrativas, combate a la corrupción, transparencia o rendición de cuentas,
así como no haber sido candidato, de algún partido político, durante los 3 años
anteriores a la fecha de la emisión de la convocatoria para el nombramiento,
además de presentar su declaración de intereses, patrimonial y fiscal.
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