Expediente Político

Por.- Alfredo Calva

Rumbo a prisión….

Embriagado por los triunfos electorales federales y locales en 2015 y 2016, respectivamente, Francisco Vega de Lamadrid gobernador de Baja California, consolidó y ratificó su decisión de continuar por la ruta que se trazó desde el inicio de su gobierno, el de la opacidad, la no rendición de cuentas y la corrupción, que han hecho de su gobierno, la peor administración gubernamental desde que su partido, el PAN, obtuvo la gubernatura en 1989.

Su resaca inicio en los primeros días de enero de 2017, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles a impedir a través de sus protestas privatizara los organismos operadores del agua potable y para exigirle a los diputados integrantes del congreso del estado, abrogaran la nociva Ley del Agua que habían aprobado y el decreto de las famosas Asociaciones Publicas y Privadas (Apps), que le están permitiendo a Vega de Lamadrid, llevar a cabo el negocio más grande que haya imaginado, la construcción de dos plantas desaladoras en Playas de Rosarito y San Quintín, en el municipio de Ensenada, entre otras obras de menor calado y cuantía.

La presión ciudadana ejercida a través de las movilizaciones y protestas registradas en todo el estado, principalmente y con mayor intensidad en la capital en el recinto del poder legislativo, logró que los legisladores abrogaran la Ley del Agua, sin embargo, pese a los reclamos y críticas que siguen latentes, lo referente a las Apps se ha topado con los oídos sordos de la mayoría de los legisladores, quienes protegen la ingente y perniciosa  ambición del gobernador Kiko Vega.

Las exigencias y reclamos de los gobernados, que también le han hecho sobre el cúmulo de bienes inmuebles que han salido a la luz pública, no le han importado a Vega de Lamadrid, quien mecido aún por los vientos de las victorias electorales, desdeña las acusaciones de los bajacalifornianos a su comportamiento banal, corrupto y  gobierno ineficaz e ineficiente.

Pero como todo tiene un inicio y un fin, la cínica e indolente postura de Kiko Vega fue arrollada el pasado primero de julio cuando un tanque electoral le pasó por encima y le destrozó sus fraguados planes para la protección y blindaje político post gubernamental.

A partir de esa fatal fecha para Kiko Vega, se disiparon sus vapores triunfalistas e indolentes y  por fin se percató de que el camino seguido por su administración solo desembocará en una acción al termino de su gestión el año entrante, huir para evadir las denuncias penales que le lloverán como maná del cielo y que buscarán encerrarlo en algún  centro de readaptación social en el país.

Y, si le quedará alguna duda de está situación, le fue disipada hace unos días cuando el senador por Morena, José Antonio Álvarez Lima, presento una iniciativa para reformar el artículo 22 constitucional, con la cual se busca que los bienes de funcionarios, exfuncionarios públicos y prestanombres que estén acusados de actos de corrupción y tráfico de influencias, puedan ser decomisados y sujetos a extinción de dominio.

La extinción de dominio es un instrumento legal con el que se declara la pérdida de la titularidad de bienes de una persona a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación alguna para el afectado; todo ello derivado de la comisión de actos ilícitos.

Actualmente a nivel federal solo se aplica por sentencia judicial y solo en el caso de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas y enriquecimiento ilícito.

Es por ello que los integrantes de Morena en el senado de la república quieren hacerlo ley e inscribir en ella también, que la extinción de dominio pueda ser aplicada en delitos cometidos por servidores públicos contra la administración pública, por actos de corrupción, abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho y enriquecimiento ilícito y que además, se aplique a todas las personas que hayan sido usadas como instrumento, medio o apoyo para cometer estos delitos, es decir, prestanombres.

Y, separar el procedimiento penal que se siga contra el acusado del procedimiento de extinción de dominio. Para de esta reforma, el estado pueda recuperar los bienes al margen de la condena que se imponga al responsable de los actos de corrupción.

El tiempo avanza y no ha favor de Kiko Vega, el proceso electoral que se avecina se vislumbra harto complicado para él, las circunstancias y características políticas son opuestas a las que festinaba en el 2016, el futuro ya no es promisorio como en ese tiempo, hoy, los nubarrones de una tormenta judicial se observan a lo lejos y sus opciones políticas que le permitan revertir el oscuro final de su administración, son exiguas.

Al final del camino se otea la prisión.

Y mientras tanto….

Resulta que cualquiera ya se puede autodesignar como sinodal y definir quién o quienes son periodistas.