Cero Grados.-El gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, advirtió que el nuevo
gobierno que le tocará encabezar acabará con la anarquía que los últimos
gobernantes (panistas) han tolerado y propiciado porque no han sido capaces de
coordinarse con los gobiernos federal y locales para hallar soluciones.
“Nos están dejando una ´papa ardiendo´, pero la vamos a ´enfriar´ con
inteligencia y firmeza”, dijo el próximo mandatario, al señalar que “aunque
todavía no estoy ejerciendo autoridad como gobernador, mis viajes a la Ciudad
de México son para ir avanzando en beneficio de Baja California”.
Puso como ejemplos de la anarquía regional, la “toma de casetas”
en autopistas concesionadas, que se convirtieron en “negocio millonario” para
unos cuantos, lo que ya está siendo investigado por la Fiscalía General de la
República; los altos índices de inseguridad; y, el creciente parque vehicular
de autos “chocolates”.
A cada asunto, dijo, dará solución a partir del primer día de su
gestión, el 1 de noviembre entrante, para lo cual confía en contar con la
atención y comprensión del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que
funcionarios de su Gabinete legal y ampliado, participen con respeto a Baja
California.
“Somos un Estado libre y soberano que toma parte en el Pacto
Federal para dar vigencia a nuestro país, como Estados Unidos Mexicanos;
nuestra entidad aporta mucho más de lo que recibe, por eso pedimos que nos
respeten, escuchen y atiendan, no que nos quieran imponer sin tomarnos en
cuenta”, dijo.
“Me critican cuando digo esto a los del centro, pero es la verdad;
me cuestionan y dicen que son un ´subversivo´, por reclamar respeto a la
soberanía y autonomía de nuestro estado, porque no ha habido antes alguien que
defienda los intereses y derechos de Baja California”, enfatizó Bonilla Valdez.
Al referirse al desalojo de “manifestantes” que desde hace año y
medio tenían tomadas varias de las “casetas de peaje”, el próximo jefe del
Ejecutivo estatal comentó que “es una muestra de la anarquía que han propiciado
los últimos gobernantes, por tibieza o falta de capacidad para resolver estos
asuntos”.
El tema, dijo está siendo investigado por la Fiscalía General de
la República, cuyo titular es Alejandro Gertz Manera, con quien dijo haber
platicado sobre el particular, lo mismo que con el secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, a quienes expuso las inquietudes
ciudadanas sobre la presencia de particulares que hicieron de este movimiento
un “negocio millonario”.
“Con todo y lo genuino que fueron al inicio sus demandas, está
comprobado que nada tienen que ver con los damnificados de Lomas del Rubí o con
otros grupos necesitados; para eso, el Gobierno federal ya tiene programas de
apoyos sociales que están funcionando”, apuntó.
“Sabemos que la gente se queja mucho del costo de las carreteras…
y tienen razón, creo yo que se les ha pasado la mano (a empresas
concesionarias) … particularmente en el caso de Tijuana, donde la gente tiene
que ir a su casa y tiene que pagar peaje, lleva a sus niños a la escuela o a
comprar el mandado… y debe volver a pagar cuota… eso es injusto… se tiene que
resolver…”
Pero esto –comentó-, fue aprovechado por sedicentes líderes que
aseguran actuar a nombre de grupos que tienen necesidad y los usan, a ellos,
para llevarlos a las casetas. “Hay casos donde les cobran y les rentan las
casetas… pagas tanto y te dejan que estés allí… exactamente… bajo el pretexto
de una lucha social”.
Considera que la intervención de la Guardia Nacional para el
desalojo de “manifestantes”, es parte de su función, y también para dar
tranquilidad a usuarios, incluyendo a turistas, que transitan en las autopistas
concesionadas con las garantías del seguro y auxilio vial correspondientes.
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