Cero Grados.-La diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz solicitó a las Comisiones Unidas de Fortalecimiento Municipal; Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y, de Justicia a que dentro del plazo correspondiente para someter a consideración la propuesta de Estatuto Territorial, revise el error aritmético de los 168 kilómetros cuadrados asignados de más, a los Municipios de Tijuana y Playas de Rosarito en el año de 1995, en perjuicio del Municipio de Ensenada.
Esto debido a que prevalece en la información técnica proporcionada por el arquitecto Carlos López Rodríguez, director de Ordenamiento Territorial, Vivienda y Estudios y Proyectos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), en la sesión pública de dichas comisiones legislativas, realizada el pasado 16 de octubre del año en curso.
De igual forma, la legisladora propuso que la XXIII Legislatura del Congreso de Baja California, cuente con el tiempo suficiente para emitir un Estatuto Territorial, tomando en consideración los antecedentes jurídicos, técnicos e históricos correctos.
Tal propuesta tiene la finalidad de que se de certeza legal a las partes y evitar de nueva cuenta una posible promoción de controversia constitucional en contra de este Poder Legislativo.
Por tales motivos, pidió que la Legislatura solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una prórroga que extienda 6 meses más, el plazo señalado para que el Pleno de este Congreso emita dicho Estatuto Territorial.
En su exposición de motivos, señaló que en caso de que esta Legislatura apruebe el Estatuto Territorial basándose en los estudios técnicos elaborados por la SIDUE, se corre el riesgo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo eche abajo y una vez más, este Congreso quede desconocedor de la Ley.
Consideró que se debe obrar con sumo cuidado al momento de discutir, y en su caso aprobar el Estatuto Territorial en las citadas comisiones unidas y a su vez, por el Pleno de esta Soberanía, para que no se incurra en errores que darían lugar a la promoción de controversia constitucional en contra de este Congreso.
Esto para que no se siga afectando a la ciudadanía que se enfrenta con la realidad de estar tributando en dos municipios, viviendo sin certeza legal en sus bienes, con consecuencias económicas negativas, puntualizó.
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