Los presidentes: Gabriel Camarena Salinas,
del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana (CCET) y del CTE; Sergio Guevara
Escamilla, de Ensenada; Rodrigo Llantada, de Mexicali; y el abogado fiscalista
Adolfo Solís Farías, denunciaron que los organismos operadores del agua y las
particulares Fisamex y Extratimex han cobrado más de mil 400 millones de pesos
a unas 450 empresas violando todos los procedimientos establecidos.
Se trata, dijeron, de una actuación que
violenta el estado de derecho, no respeta el debido proceso y deja en la
indefensión a las empresas porque de manera sumaria les cortan el agua o les
bloquean el acceso a las redes de drenaje y en caso de resistirse, los
presionan utilizando al estado a través de la Secretaría del Trabajo o de la
Coepris, para obligar a “sus víctimas” a pagar.
“Nos precupa mucho que estas acciones no estén apegadas a derecho, que se realizan bajo amenazas y represalias que tienden a negar la oportunidad a los usuarios para que puedan ejercer su derecho a la defensa”, indicaron.
La situación afecta el clima necesario para
la inversión local, nacional e internacional ya que, advirtieron, genera
incertidumbre y los empresarios se sienten amenazados ante el incumplimiento al
estado de derecho en el cobro del agua y otros servicios.
Los dirigentes de los CCE de la entidad
manifestaron que los criterios para el cobro de agua han sido variantes y
excede las facultades de los organismos operadores ya que invaden competencia
de otros organismos como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y pretenden
cobrar en sitios donde no brindan el servicio.
“Quien deba agua que pague o se le cobre,
pero de acuerdo a procedimientos establecidos, en los tiempos que la ley prevé
y con seguimiento del debido proceso, en el que se dé a los presuntos deudores
la oportunidad de defenderse y no se le deje caer todo el peso mediante el
mecanismo de prueba negativa por supuestos adeudos que ya prescribieron”,
subrayaron.
Los líderes de la cúpula empresarial de
Baja California manifestaron que no se trata de evadir las responsabilidades
que pudieran existir por parte de las empresas, pero es muy necesario
restablecer el ambiente de certidumbre en un momento en que la entidad está
atravesando por un momento de crisis económica por la pandemia.
Advirtieron que el CTE y los consejos
coordinadores de cada municipio apoyarán a las empresas afectadas en sus
demandas civiles en contra de los organismos operadores y denuncias penales en
contra de funcionarios y particulares que están violando la Ley al realizar
acciones para los cuáles no están facultados.
DELITO
DE CONCUSIÓN
El abogado Adolfo Solís Farías señaló que
de acuerdo al Artículo 218 del Código Penal Federal, comete el delito de
concusión: el servidor público que con el carácter de tal y a título de
impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija,
por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquiera otra cosa
que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada por la Ley.
Por dicho delito los funcionarios y
particulares con los que actúan en conjunto pudieran alcanzar una pena superior
a los 5 años de prisión, aseguró.
QUEBRANTO
A LAS FINANZAS PÚBLICAS
Las acciones calificadas de arbitrarias y
abusivas, pudieran afectar las finanzas de próximos gobiernos ya que al
resolverse las demandas el Estado tendrá que devolver las cantidades cobradas
ilegalmente multiplicadas hasta por tres veces al sumarse intereses e
indemnizaciones a las víctimas.
Cuestionaron la manera del reponer el 20%
que se paga de comisión a las empresas que están realizando las tareas de
extraer los recursos de las empresas mediante supuestos dictámenes presentados
en Power Point, carente de sustento legal, ya que cuando se resuelvan los
juicios podrían haber desaparecido.
Los dirigentes empresariales dijeron que ya
han dialogado con diversos funcionarios públicos con el objetivo de hacerles
ver los vicios en que están incurriendo al presionar a las empresas para que
paguen los supuestos adeudos, sin que haya una respuesta positiva al respecto.
Denunciaron el daño que el gobierno está
haciendo a las empresas intervenidas al ser exhibidas en transmisiones a través
de las redes sociales como deudoras, muchas de las cuales ya están resintiendo
los estragos, cuando la gran mayoría no lo son, y las que pudieran ser, antes
se les debe de comprobar legalmente.
Denunciaron que las empresas que han
intentado defenderse mediante amparos, han sufrido represalias a través de la
intervención de otras dependencias del Gobierno del Estado, por lo que actuar
unificadas es la única forma que han encontrado para hacer frente a la
embestida oficial, acción en la que serán apoyados por la cúpula empresarial y
sus respectivas cámaras.
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