De manera directa, el equipo de la SISIG visitó al presidente de la Comisión Desarrollo Metropolitano, Conurbación e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Ramón Vázquez Valadez; a la presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, Alejandra María Ang Hernández; a la presidenta de la Comisión por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y Niñez, Gloria Arcelia Miramontes Plantillas; a la presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Dunnia Montserrat Murillo López; a la presidenta de la Comisión de Reforma del Estado y Jurisdiccional, María del Rocío Adame Muñoz; a la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y Bienestar Social, Evelyn Sánchez Sánchez; y al presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, Román Cota Muñoz, todas ellas y ellos pertenecientes a la XXIV Legislatura del Congreso del Estado.
La revisión del material entregado y la propuesta de realizar el 28 de julio una mesa de análisis para la creación de acciones, planes, programas e iniciativas que permitan la inclusión social de los grupos más vulnerables fueron parte de los trabajos de estas reuniones.
“El presentar a las y los diputados los resultados de la primera Consulta sobre Discriminación de Baja California permite visibilizar y sensibilizar sobre estos temas a las y los funcionarios públicos, y, posteriormente, poder crear acciones en conjunto”, señaló el titular de la DIES.
Para la actual administración encabezada por la Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda todos los grupos poblacionales en contexto de vulnerabilidad son prioritarios, función específica a la que está dirigida y encaminada la SISIG, atendiendo a pueblos originarios, personas con discapacidad, poblaciones de la diversidad sexogenérica, personas en situación de calle, personas con adicciones, personas liberadas de centros penitenciarios y mujeres en situación de vulnerabilidad
De esta manera, se genera la necesaria incidencia en las políticas públicas con el fin de erradicar la discriminación y facilitar el bienestar y pleno disfrute de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad.
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