Correspondió al diputado Juan Manuel Molina García, en su carácter de presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, exponer ante el Pleno el Dictamen No. 1 de dicha comisión que contiene el total del resolutivo de la reforma.
La inicialista señaló en la exposición de motivos que algunos miembros de instituciones de seguridad policial han llegado a actuar de forma indebida en beneficio propio, abusando de la autoridad que les confiere su investidura, uniforme y equipo. Lo cual ha afectado la percepción de desconfianza ciudadana y ha provocado la abstención de las denuncias contra ellos.
Por otro lado, la mandataria estatal reiteró que la imagen y reputación de las instituciones también se ven dañadas por personas ajenas o no autorizadas, que hacen uso indebido de uniformes y condecoraciones para cometer delitos, lo cual es inaceptable ya que afecta la credibilidad de las instituciones con respecto a la ciudadanía.
Con respecto a la falsificación de elementos de identificación la reforma dispone una pena de prisión de 2 a 6 años y multa de cien a quinientos días a quien, sin la debida autorización, realice cualquiera de las siguientes acciones: produzca, fabrique, confeccione o imprima uniformes, insignias, distintivos, condecoraciones, divisas, siglas, placas o credenciales de identificación de uso exclusivo de dichas instituciones.
Asimismo, para quien aplique balizaje, colores o equipamiento con imágenes o elementos de identificación de dichas instituciones; o almacene, distribuya, adquiera o enajene por cualquier medio o título los elementos mencionados, así como vehículos con balizaje o equipamiento similar.
Si el responsable de las conductas mencionadas es o fue servidor público o miembro de una institución de seguridad o policial, las penas se incrementarán hasta en dos terceras partes.
Por cuanto al uso indebido de dichos elementos se estableció que se impondrá prisión de 1 a 6 años a quien, con el fin de dañar el respeto o la dignidad de una institución de seguridad o policial, obtener un beneficio indebido o cometer un delito, utilice todos los elementos referidos anteriormente.
La pena se aumentará hasta en una tercera parte si el autor es o fue servidor público o integrante de una institución de seguridad pública, hasta un año después de haber dejado el cargo.
De esta manera las diputadas y diputados que integran la XXV Legislatura asumen su compromiso de coadyuvar con la administración estatal, en la búsqueda de la paz y la erradicación de conductas delictivas, al sancionar severamente la falsificación y el uso indebido de uniformes, insignias y otros elementos de identificación, se protege la credibilidad de estas instituciones y se refuerza la confianza ciudadana.
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