Cero Grados.-Para proteger el derecho a la salud, las diputadas y los diputados locales avalaron con 24 votos a favor, el proyecto de reforma constitucional que busca sancionar toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares, así como con sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y otras drogas sintéticas no autorizadas.
Esta modificación a la Carta Magna, establece la prohibición de la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquiera otra actividad vinculada a los productos y sustancias mencionados.
El diputado Juan Manuel Molina García presentó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en el cual se subraya la importancia de esta reforma.
Cabe mencionar que el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 4o y un párrafo segundo al artículo 5o, de la Constitución Política Mexicana, fue aprobado previamente por el Senado y remitido a este Congreso el día de ayer.
La urgencia de proteger la salud pública
La necesidad de esta reforma constitucional radica en la creciente amenaza que representan dispositivos electrónicos y vapeadores, así como el aumento en el uso de drogas sintéticas, incluyendo el fentanilo.
Estas sustancias y dispositivos constituyen un riesgo grave para la salud pública, especialmente entre la juventud, quien es particularmente vulnerable a su consumo.
Con esta reforma, no solo se busca sancionar su comercialización y uso ilícito de estos productos, sino también fortalecer el marco legal para combatir estas prácticas de manera efectiva y preventiva, protegiendo así a la sociedad de sus peligros.
De esta manera, la votación a favor del proyecto de reforma constitucional contó con el respaldo de las diputaciones de MORENA, PVEM, PAN, FxM, PT, PESBC, y PRI, mientras que la diputada del partido MC emitió su voto en contra. Este resultado refuerza el compromiso de la mayoría legislativa con la protección de la salud pública y el bienestar colectivo, al establecer medidas claras para sancionar prácticas perjudiciales y peligrosas para la sociedad.
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