La legisladora expresó que la propuesta legislativa presenta dos garantías: prevenir el conflicto de desigualdad o discriminación e Inhibir la revictimización, así se establece la obligación de prevenir que la desigualdad o discriminación suceda o se realice, pero también si se presenta, no incurrir en la revictimización.
Por lo que propone reformar el artículo 5 de la Ley en mención, incorporando un segundo párrafo para establecer que: “Los poderes públicos del Estado y los Ayuntamientos implementarán las medidas necesarias para incrementar la igualdad y combatir la discriminación, debiendo garantizar la prevención de conflictos, inhibir la revictimización, prestando especial atención en los derechos de las mujeres, las personas jóvenes y personas con discapacidad”.
Reconoció los avances en la materia, ya que se han mejorado las condiciones de igualdad y no discriminación para las mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, sin embargo, refirió que hay mucho todavía por hacer, “como legisladores debemos de asumir el reto de avanzar en la búsqueda de mejores condiciones de igualdad para los grupos más vulnerables y sobre todo establecer un enfoque prioritario de especial atención hacia los mismos”.
Subrayó que el combate a la discriminación debe de tener una política pública firme, sólida y permanente y que los poderes públicos tanto del estado como de los Ayuntamientos, deben de tomar las medidas necesarias para incrementar la igualdad y resolver la discriminación a través de las alternativas de solución de conflictos, pero también para prohibir e impedir toda forma que las vuelva a situar en una posición de víctima ante un hecho que ponga en riesgo sus derechos.
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