MILENIO dio a conocer en noviembre de 2008 el análisis prospectivo La Sedena en el combate al narcotráfico, en el que advirtió que el narco se convirtió en una amenaza interna que “pone en riesgo la viabilidad del país”, por lo que las fuerzas armadas no se retirarían de esta “cruzada” hasta que el fenómeno fuera controlado por las instituciones de seguridad pública.
Después de cuatro años, la dependencia publicó el libro La Secretaría de la Defensa Nacional en el esfuerzo de México en contra del crimen organizado, que contó con la colaboración del doctor Javier Ulises Oliva Posada (especialista en temas de seguridad nacional y fuerzas armadas), y cuyo prólogo fue firmado por el titular de la institución en la pasada administración, Guillermo Galván.
El prefacio refiere que el documento es el resultado del “afán institucional” por presentar, de manera objetiva y documentada, al juicio crítico de la historia, y lejos de total obligatoriedad normativa, los fundamentos, contexto y pormenores de la participación de las fuerzas armadas en esta lucha.
Como al inicio del sexenio pasado, la Sedena resaltó la necesidad de contar con una Ley de Seguridad Nacional que dé certeza jurídica a las fuerzas armadas para enfrentar no sólo el complejo problema del narcotráfico, sino la delincuencia organizada en todas sus vertientes.
Sin embargo, señaló que la reforma que envió Felipe Calderón al Senado el 21 de abril de 2009 se encontraba al concluir la administración 2006-2012 “aguardando su turno para ser discutida”.
El libro de 103 páginas, dividido en siete capítulos se realizó para dar a conocer las acciones de la administración calderonista para enfrentar la “grave amenaza que representa en la actualidad la delincuencia organizada”.
Se indica que la presencia del Ejército y Fuerza Aérea en labores de seguridad pública es una situación atípica que “no puede ni debe en forma alguna prolongarse”, pues la presencia militar va en detrimento de las autoridades civiles.
En el apartado “Atención a los requerimientos de la autoridad civil para la presencia del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos en el combate contra el crimen organizado”, la Sedena analizó casos como los municipios de San Fernando y Matamoros, Tamaulipas.
Consideró que éstos evidencian la capacidad corruptora y de violencia del crimen organizado, al haber propiciado la renuncia, remoción o deserción en la totalidad de la policía municipal para ser sustituida por elementos de la Policía Militar.
“Dado que esa atípica situación no puede ni debe en forma alguna prolongarse, y a pesar de las solicitudes de las mismas comunidades para que el personal militar permanezca, ello va en detrimento de la autoridad civil local y desde luego, del conjunto de instituciones encargadas de la prevención y sanción del delito”.
Sostuvo que la evidencia en la disfunción en la seguridad pública local “ha sido una larga acumulación de omisiones y carencia de valores por parte de funcionarios y en no menor proporción del deterioro en el funcionamiento y puesta en práctica de los principios ciudadanos.
“Al momento de finalizar la administración 2006-2012, son dos los ámbitos de mayor concurrencia del Ejército y Fuerza Aérea. La primera y más conocida, el Plan DN-III-E. La segunda corresponde a las instrucciones del Mando Supremo para atender de forma directa e inmediata, las solicitudes de auxilio de parte de autoridades estatales, que reclaman aún antes de asumir sus funciones, la presencia militar”.
Indicó que en Ciudad Juárez, Chihuahua, el programa Todos Somos Juárez fue uno de los principales retos y logros de la administración anterior, ya que los resultados en el abatimiento de los índices de violencia “han puesto en claro que la coordinación entre oficinas de gobierno y programas específicos, logran contener y aún modificar la dinámica de una sociedad determinada”.
Agregó que en Juárez la aplicación de medidas para recuperar espacios públicos, organizar “prácticas sociales sanas” junto con la constante depuración de la policía municipal, permitieron demostrar lo “sustancial de la complementación de la responsabilidad de cada uno de los actores e instituciones” de esa urbe fronteriza.
La Sedena defendió el “papel clave” que durante el sexenio anterior tuvieron los militares para enfrentar al narcotráfico y atender las solicitudes de gobiernos estatales y municipales para desplegar a las tropas en su territorio.
En consecuencia, ante la “virulencia de los grupos criminales y la debilidad estructural de las corporaciones policiales, la actuación militar se vuelve determinante para recuperar y luego estabilizar el ambiente de paz social”.
Reconoció que a pesar de los esfuerzos de coordinación y la “gran cantidad de recursos dinerarios y de insumos dedicados, aún hay tramo largo por recorrer”.
En su diagnóstico señaló que la participación militar de forma gradual reveló la notable debilidad de algunas áreas estructurales de gobiernos e instituciones como las de justicia, corporaciones policiales “y no pocas oficinas de dependencias federales y estatales”.
GOLPES MILLONARIOS AL NARCO
La Sedena destaca que el Ejército y la Fuerza Aérea destruyeron plantíos de droga en la zona de influencia del EZLN.
En San Andrés Larráinzar, Chiapas, localizaron el 4 de mayo de 2012 nueve sembradíos de mariguana en una superficie total de 8 mil 582 metros cuadrados. La zona fue identificada como de operaciones zapatistas. Por destrucción de dosis, la lucha contra el narcotráfico ocasionó que 29 mil 226 millones de pesos no pudieran traducirse en dinero para la delincuencia organizada.
“El volumen afectado de dinero ilegal, para dar una idea, es casi el doble del presupuesto del Instituto Federal Electoral en 2012, que fue de 15 mil 953 millones de pesos”, destaca.
La Sedena señala que si se considera la erradicación, las pérdidas generales para el narcotráfico en todo el país durante el sexenio pasado fueron de 186 mil 395 millones de pesos, además de que se impidió la producción de más de 64 mil 831 millones de dosis de distintas drogas. “De ese tamaño, en cuanto a la desmedida codicia de dinero fácil y los muy negativos efectos sobre el sistema social, es el reto que tiene México”.
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