Rosarito Informa.-En un hecho inédito, la Procuraduría General de la República
(PGR) reconoció ante un juez federal que no tiene pruebas que confirmen las
declaraciones de los testigos protegidos que incriminaron al General Tomás
Ángeles Dauahare de proteger al Cártel de los Beltrán Leyva, así como a cinco
militares más vinculado al mismo caso.
El 15 de enero pasado, la dependencia admitió que no pudo
corroborar los dichos de “Jennifer” y Sergio Villarreal “El Grande”, en la
investigación que llevó a la cárcel al Divisionario, de acuerdo con documentos
judiciales.
En el oficio DGCPPAMDO/707/2013 de la dependencia a cargo de
Jesús Murillo Karam se lee: “Por lo que hace al procesado Tomás Ángeles
Dauahare, los deposados (las declaraciones) de los testigos protegidos
colaboradores no se encuentran corroborados con medio convictivo alguno, salvo
el hecho de que el encausado fue servidor público de la Secretaría de la
Defensa Nacional, sin que al día de la fecha se cuente con probanza alguna para
confirmar los dichos de ‘Jennifer’ y ‘Mateo’”.
Dicho oficio fue entregado al Juez Tercero de Distrito en Procesos
Penales Federales de Toluca, Raúl Valerio Ramírez, quien lo hizo del
conocimiento del general Ángeles y de los otros militares acusados la tarde del
lunes 21 de enero de 2012.
Se espera que hoy, 22 de enero de 2013, el juez dicte el
cierre del proceso penal iniciado por delincuencia organizada a Ángeles.
La PGR hizo este reconocimiento, luego de que el defensor
del general, Ricardo Sánchez Reyes Retana, solicitara al juez que requiriera a
la SEIDO para informar si había o no confirmado las afirmaciones de estos dos
testigos colaboradores que involucraron al militar con el narco.
El 31 de julio de 2012, el
mismo Juez que notificó ayer a los generales del oficio libró orden de
aprehensión contra Tomás Ángeles Dauahare, General de División Diplomado del
Estado Mayor (DEM) retirado; Ricardo Escorcia Vargas, General de División DEM
retirado; Roberto Dawe González, General Brigadier DEM; y Silvio Isidro de
Jesús Hernández Soto, Teniente Coronel retirado, y el Mayor Iván Reyna Muñoz
por los cargos de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos
contra la salud.
En julio de 2012, la PGR, entonces al mando de Marisela
Morales, desechó la acusación contra Ángeles Dauahare que lo responsabilizaba
de promover el narcomenudeo en el Colegio Militar cuando fue su director.
Entonces, Morales indicó que la acusación sobre narcomenudeo
contra Ángeles se hizo de manera anónima a la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), quien se encargó de verificar
las imputación y no encontró sustento en ella.
El 17 de mayo de 2012, el Juzgado Primero Federal Penal
Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, concedió a
la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
(SIEDO) una primera orden de arraigo contra los generales Dauahare y Roberto
Dawe González.
Como parte de la misma investigación también se encontraban
bajo arraigo los generales Ricardo Escorcia, y Roberto Dawe González, además
del teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández.
El 25 de junio de 2012, se difundió que una persona acusó,
de manera anónima y a través de una llamada telefónica, al general de División
en retiro Tomás Ángeles Dauahare de haber presionado a sus alumnos, cuando fue
titular del H. Colegio Militar, para que supuestamente consumieran y vendieran
drogas.
El 21 de junio de 2012, Ángeles Dahuare envió una carta al
presidente Felipe Calderón desde el centro de arraigos de la PGR, en la que
aseguró que todos los testigos que han declarado en su contra son de oídas,
además de que sus manifestaciones son inverosímiles y mentirosas, por lo que
carecen de sustento jurídico. ”Me permito manifestar que a la luz de nuestro
sistema jurídico, y aún más, de nuestro estado de derecho, no es dable tener
por ciertos los testimonios de personas sin constatar los hechos materia de su
narración; máxime si existen pruebas en contrario, puntualizó quien hasta 2008
fue el segundo militar de importancia dentro de la estructura orgánica de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”, señalaba la misiva.
El 15 de mayo de 2012, elementos del Ejército mexicano
detuvieron a dos generales presuntamente vinculados con el crimen organizado:
Ángeles Dauahare y Dawe González.
A ambos, de acuerdo a fuentes de la PGR, se les investigaba
por sus presuntos vínculos con un cártel del narcotráfico.
Tres días después, el 18 de mayo, la PGR informó que los
generales Ángeles Dauahare y Dawe González serían arraigados por 40 días, la SIEDO obtuvo del juez primero federal
penal especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, la
medida cautelar.
El teniente coronel de caballería retirado Silvio Isidro de
Jesús Hernández Soto y el general de división diplomado de Estado Mayor
retirado Ricardo Escorcia Vargas fueron detenidos horas después bajo la misma
acusación de presuntos nexos con el narcotráfico y arraigados la noche del
sábado 19 de mayo de 2012.
No hay comentarios:
Publicar un comentario