Rosarito Informa.-En sesión ordinaria y con dispensa de trámite, el Congreso del Estado autorizó la desincorporación de siete predios recuperados en el Río Nuevo de Mexicali, así como otros cinco en Playas de Rosarito. Lo anterior se dio con los dictámenes 239 y 238, respectivamente, de la Comisión de Hacienda y Presupuesto (CHP) de la Vigésima Legislatura, que preside la Diputada Rosana Soto Agüero, quien sometió a consideración de la Asamblea estos asuntos para su debate y posterior aprobación.
Respecto al primero de los citados dictámenes, se trata de los predios 1, 2, 3, 7, 8, 9 y 11, del polígono 10-4 localizado en el Río Nuevo de Mexicali, los cuales serán enajenados a título oneroso mediante licitación pública, a efecto de recabar recursos que serán destinados al mantenimiento y resguardo de otros bienes inmuebles, propiedad del Gobierno del Estado, que prestan alguna utilidad pública.
Por otra parte, con el segundo de los dictámenes aprobados se autorizó la desincorporación de cinco predios ubicados en la colonia Eduardo Crosthwaite, del municipio de Playas de Rosarito, los cuales serán enajenados a título gratuito a favor del XX Ayuntamiento de ese lugar, para destinarlos a áreas verdes o canchas deportivas.
Sin embargo, el Pleno de la Asamblea aprobó otros cinco dictámenes que fueron elaborados en sentido negativo, con relación a las Iniciativas de las cuales surgieron.
El primero de ellos se refiere a una Iniciativa para reformar el artículo 151 de la Ley de Hacienda del Estado, con el propósito de destinar para incubadoras de empresas, el 5 por ciento de lo que recabe la administración estatal por concepto del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo, lo que se consideró inviable por el hecho de que afectaría el uso que se da actualmente a este impuesto en materia de seguridad y asistencia social.
La misma suerte corrió la Iniciativa de Reforma a la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos del Estado, con la que se pretendía crear un Consejo Ciudadano de Fiscalización, que goce de amplia aceptación y credibilidad entre la ciudadanía. La propuesta, abordada con el dictamen 233, fue rechazada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto en virtud de que vulnera la autonomía técnica y de gestión con que se ha dotado al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) por la propia Constitución local.
De igual manera, la Comisión de Hacienda rechazó, con el dictamen 234, una Iniciativa de Reforma a la Ley de Hacienda Municipal que tenía como finalidad exentar del pago de Impuesto Predial a las instituciones de asistencia social privada que se encuentren debidamente registradas, lo cual también fue dictaminado como no viable, debido a que el artículo 115 Constitucional establece la autonomía de los municipios para fijar sus impuestos.
Otra Iniciativa que se dictaminó inviable fue la que buscaba reformar el artículo 2 de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado, cuyo objetivo era implementar como atribución de estos organismos, el servir como intermediarios ante los proveedores, para que el usuario adquiriera equipos ahorradores de agua y otros aditamentos similares.
En este caso, la negativa para que la CHP aprobara la propuesta se basó en que las comisiones estatales de agua del Estado carecen en sus funciones de lo propuesto por el Inicialista.
Finalmente, el Pleno aprobó el dictamen 237, con el que se declaró improcedente una Iniciativa que proponía reformar el artículo 32 de la Ley de Hacienda Municipal estatal, con la finalidad de que toda la información relativa al impuesto predial del bien gravado, sólo se pudiera entregar al propietario del inmueble o la autoridad hacendaria, lo que fue considerado como una violación al artículo 6 Constitucional y a la Ley de Transparencia.
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