Rosarito Informa.-La resolución de la controversia territorial de Ensenada-Rosarito, dada la delicadeza y complejidad del tema, amerita un trabajo detallado de investigación y revisión de documentos con la participación de todos los involucrados técnicamente, así lo comentó el Secretario General de Gobierno (SGG), Francisco Antonio García Brugos.
El funcionario estatal detalló que el origen del conflicto radica en la solicitud por parte del municipio de Ensenada ante el Congreso del Estado, para resolver definitivamente la controversia territorial con el municipio de Rosarito, y a su vez sus autoridades, se abstengan de ejercer actos de autoridad en territorio de Ensenada.
La resolución que corresponde emitir al Congreso, contempla que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE) elabore el plano correspondiente para establecer los límites territoriales de ambos municipios; situación que debe ejecutarse antes del fallo del Congreso y no después como se propone en la resolución, pues ello solo refleja incertidumbre, al resolverse sin contar con el peritaje técnico oficial.
El SGG comentó, que antes de resolverse la controversia a favor de uno u otro municipio, se deben tener las herramientas que demuestren que efectivamente hay un error en los límites territoriales entre ambos municipios; se debe contar con investigaciones, estudios, peritajes suficientes elaborados por las autoridades competentes, puntualizó.
“En el trámite que sigue el Congreso, no se tiene conocimiento que se hubiere realizado peritaje alguno, ya sea por instancias técnicas públicas o privadas, para tener por demostradas fehacientemente las pretensiones del municipio de Ensenada. Hubiera sido oportuno que SIDUE manifestará su postura técnica, sin embargo no fue requerida su participación por motivos desconocidos”, comentó.
Finalmente García Burgos agregó que se deben tomar en cuenta todos los elementos de estudio, respaldados por autoridades municipales, estatales, Federales, y posiblemente involucrar a peritos de la iniciativa privada para que haya confiabilidad a la base de resolución.
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