Rosarito Informa.-El diputado Francisco Barraza Chiquete presentó ante el Pleno un posicionamiento a nombre del PEBC, en contra de la iniciativa de ley secundaria en materia de telecomunicaciones, propuesta por el gobierno federal que –dijo– “pretende coartar el derecho de libertad de expresión, argumentando medidas de seguridad y facultando a las autoridades a no sólo dejar de garantizar este derecho, sino a proscribirlo en determinadas zonas geográficas del país”.
El legislador subrayó que dicha proscripción no tendría que comprobarse ante autoridad judicial, “sino que autoridades 'competentes' pueden ordenar a los proveedores de servicio de telecomunicaciones y de tecnologías de la información, para que dejen de prestar este servicio e incluso proporcionen datos para la localización de personas a las cuales se les pueda considerar como peligrosas para la seguridad nacional”.
Barraza Chiquete afirmó que de ser aprobadas tales modificaciones legales, no sólo irían en contra de la Constitución del país, sino en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet.
Dio a conocer que en los primeros días de marzo, diarios nacionales publicaron un borrador de la propuesta del Poder Ejecutivo con respecto a reformas a la Ley de Telecomunicaciones, lo cual provocó fuertes reclamos de los propios legisladores federales, ya que las consideraron una regresión.
En ese sentido, el diputado Francisco Barraza argumentó que las pretendidas reformas del Ejecutivo en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, van en contra del artículo sexto constitucional, que dice: “El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
Asimismo, conminó a los legisladores federales a que antepongan, a la hora de redactar la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el interés general a cualquier intento que no sea el bien de los millones de mexicanas y mexicanos que representan en cada uno de sus distritos y entidades soberanas.
“Compañeros diputados: ¡El derecho a la información no es un problema¡ ¡La libertad de expresión no es un delito¡ ¡En México, el derecho a la información y la libertad de expresión, vive¡”, finalizó.
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