Confidencial Político

Controversia entre periódicos y gobiernos

Gobernador y alcaldes denuncian extorción

Carlos Bustamante se peleo contra el Zeta

Senador Blásquez entra a la disputa

Por Enrique Méndez / Bibi Gutiérrez

La Ley General de Comunicación Social Institucional para el Estado de Baja California, que se promueve en el Congreso del Estado, por una parte legisladores locales a través del diputado FRANCISCO BARRAZA CHIQUETE y por otro los periodistas representados por el colega JAIME DELGADO, no es un tema menor.

Hay quienes piensan que este tema es solo entre empresas de la comunicación y gobiernos.

Totalmente falso ya que en el asunto se involucran valores consagrados en la Constitución como son el deber de informar y el derecho a ser informados, además del derecho universal a la Libertad de Expresión.

El desplegado que publicaron medios nacionales, en el que el gobernador del Estado FRANCISCO VEGA DE LAMADRID y los cinco ALCALDES GILBERTO ANTONIO HIRATA CHICO, de Ensenada, CÉSAR MORENO GONZÁLEZ DE CASTILLA, de   Tecate, JAIME RAFAEL DÍAZ OCHOA, de Mexicali, SILVANO ABARCA MACKLIS de Rosarito y JORGE ASTIAZARÁN ORCI de Tijuana, denuncian a la empresa que edita los diarios Frontera en Tijuana y Ensenada así como La Crónica en Mexicali de extorsión para obtener publicidad oficial.

Es por ellos que se afirma que esto es una muestra de lo que se puede evitar con la promulgación de la Ley de Comunicación Social para el Estado de Baja California, actualmente en análisis en el Congreso de la entidad.

Este es un caso en el que el ratón se convirtió en gato y el gato en ratón ya que regularmente siempre es la parte oficial la que pretende controlar contenidos editoriales mediante la pauta de anuncios oficiales en los medios, como sucedió durante el trienio de CARLOS BUSTAMANTE ANCHONDO como alcalde de Tijuana que hizo la intentona de influir en el contenido editorial del semanario Zeta que dirigen CESAR RENÉ BLANCO VILLALÓN Y ADELA NAVARRO BELLO, retirándoles a la brava la publicidad oficial, pero al ex alcalde como dicen en mi tierra “le salió el chirrión por el palito”.

Este tipo de conflictos no abonan en nada a mejorar y transparentar  la relación entre medios de comunicación y entidades públicas, es por ello que se hace imperativo que esta relación se dé sujeta a una Ley que la regule y la haga institucional y no a capricho de alguna de las partes.

Esta idea es apoyada por el diputado CUAHUTÉMOC CARDONA BENAVIDES quien en su portal de Facebook publicó esta mañana que “Se hace imperativo transparentar por parte de los Gobiernos y Poderes Públicos los criterios de contrataciones y la política de comunicación social así como los montos de los contratos o convenios comerciales con todos los Medios de comunicación”.

En el desplegado firmado por gobernador y alcaldes se acusa a los medios de Periódicos Healy de actuar tendenciosamente para que les fueran aceptados contratos de publicidad muy elevados. Y anuncia que en congruencia cancelan todos los contratos que tienen con Editora de Baja California.

Mientras Frontera y La Crónica acusan de boicot en su contra al gobernador de Baja California, la Sociedad Interamericana de Prensa SIP condenó la campaña de desprestigio que el gobierno del Estado ha emprendido en contra de estos dos importantes medios.  

El senador y periodista MARCO ANTONIO BLÁZQUEZ también tuvo una opinión respecto a este tema y en su cuenta de Facebook publicó: Acabo de leer la denuncia del gobernador "KIKO" VEGA y los 5 alcaldes de BC por supuesta extorsión de los periódicos Healy. Acuso torpeza y prepotencia de parte de los "gobernantes". Al juicio público hay que responderle con trabajo y si es el caso atenerse al derecho de réplica garantizado en la Constitución.

Dice el senador BLASQUEZ que disparar inserciones pagadas en todo el país para calumniar a un medio es prueba de la intolerancia del gobernador y por desgracia, en ello, son arrastrados los alcaldes.

En la Oficialía Mayor del Congreso del Estado se han recibido las dos iniciativas, la de los legisladores y la de los periodistas, la primera promovida por el diputado del Partido de Baja California, FRANCISCO BARRAZA CHIQUETE, la otra respaldada por organizaciones periodísticas y comunicadores independientes, ambas buscan lo mismo, que el sector oficial sea justo y equitativo con medios de comunicación que ahora son marginados en virtud de que el presupuesto en su mayoría es repartido entre unos cuantos medios electrónicos e impresos.

De existir a la fecha esta Ley en vigor, seguramente que el problema que se analiza, simplemente no se hubiera presentado.

El tema se está imponiendo como controversial, por ello sin duda alguna que ahora más que nunca, de que hace falta, hace falta la Ley General de Comunicación Social Institucional para el Estado de Baja California Ley.​

Con esto despedimos la atención de nuestros lectores, al espacio de este día, y como dice el PADRE RAYITO, que se mueran los feos.