Promueve que servidores públicos puedan comparecer hasta 90 días después que hayan dejado el cargo

Rosarito Informa.-El diputado Francisco Alcibíades García Lizardi propuso en la pasada sesión ordinaria, una iniciativa de reforma al artículo 22 de la Constitución Política de Baja California, con el propósito de que el Congreso del Estado pueda citar a comparecer a servidores públicos hasta 90 días después de que hayan dejado el cargo.

En su exposición de motivos, el legislador de Movimiento Ciudadano expresó que la ley establece que el Gobernador, en cualquier momento, en uso de su facultad constitucional puede remover a un secretario en vísperas de la presentación de la glosa del informe, situación que provocaría que quien lo sustituya no cuente con elementos suficientes para atender adecuadamente los planteamientos que le hicieran los diputados durante la misma.

Por lo anterior, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la XXI Legislatura planteó una adición al mencionado artículo constitucional, que dirá lo siguiente: “En caso de que alguno de los servidores públicos mencionados en el párrafo anterior, tenga menos de noventa días en su encargo, el Congreso del Estado podrá llamar a comparecer para rendir informe, bajo protesta de decir verdad, ante el Pleno o ante Comisiones, al servidor público anterior inmediato que haya ocupado el mismo cargo”.

García Lizardi recordó que la glosa del informe es el análisis político, jurídico, económico y social que realizan los grupos parlamentarios representados en el Congreso, al documento informativo que anualmente presenta el gobernador al Poder Legislativo, lo cual ─mencionó─ “ha sido poco aprovechado y entendido por parte del mismo Congreso, ya que no se ha propiciado un debate que enriquezca y amplíe el contenido en el informe de gobierno; generalmente, lo que pasa es que se abordan más asuntos de coyuntura o de urgencia a resolver”.

Abundó que “la facultad del Congreso para llamar a comparecer a los titulares de las dependencias del gobierno estatal, debe entenderse como una herramienta de control parlamentario, en la que además de la discusión sobre el desarrollo de las políticas públicas y el estado que guardan las condiciones de la entidad, su inherente cualidad pública sea reconocida como herramienta de rendición de cuentas para los ciudadanos. La glosa del informe debería convertirse en una discusión abierta y con datos reales acerca del estado actual que prevalece en el Estado”.