Propone Dip. Barraza crear la fiscalía general del estado como órgano público autónomo

Rosarito Informa.-Con la finalidad de que el actual Ministerio Público se convierta en una Fiscalía General del Estado como órgano autónomo y dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio, el legislador Francisco Barraza Chiquete presentó una iniciativa de reforma a diversos artículos de la Carta Magna de Baja California.

            En su argumentación, el representante popular del Partido de Baja California recordó que el 10 de febrero de 2014 fue publicada una reforma político electoral, dentro de la cual la institución denominada “Ministerio Público” tuvo una transformación histórica, al dejar de ser un órgano dependiente del Poder Ejecutivo federal  para convertirse en una entidad autónoma.

“En este sentido, y a fin de dotar a la actual Procuraduría General de Justicia del Estado de esa misma autonomía de la que hoy goza la Fiscalía General de la República, con la presente iniciativa se intenta innovar al Ministerio Público de Baja California para permitirle una existencia propia, independiente y totalmente separada del Poder Ejecutivo, donde se encuentra ubicado”, explicó.

 Para ello, Barraza Chiquete propuso dar origen a la Fiscalía General del Estado con plena autonomía técnica, política y profesional frente a los poderes públicos y fácticos que operan en la entidad, además de establecer el Servicio Profesional, cuyo propósito sería lograr un sistema de selección de personal que desempeñe las funciones jurídicas y administrativas necesarias para el desarrollo de la referida Fiscalía.

Asimismo, planteó que sea nombrado el Fiscal General del Estado por las dos terceras partes de los votos del Congreso local y mediante un procedimiento donde participen el Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos,  así como la creación de un Consejo Consultivo integrado por personas que merecidamente gocen de honorabilidad e independencia de criterio y acepten desempeñar sus funciones de manera honorífica.

Puntualizó que la aprobación de esta iniciativa no significaría privar al Ministerio Público de su facultad de preservar la seguridad, ni mucho menos liberarlo de responsabilidades en esa área tan trascendente de la vida institucional; mencionó que para precisar esta idea es conveniente decir que la acción penal es un poder público muy específico, distinto del tema mayor que es la seguridad pública.

En ese sentido, el diputado Francisco Barraza destacó “que el gobierno y el Estado no son una y la misma cosa.  El gobierno es uno de los elementos del Estado, pero éste puede manifestarse a través de instancias distintas del gobierno. Por eso proponemos convertir al Ministerio Público en un organismo de Estado y no de gobierno, tal como ya ocurre con los organismos electorales, las universidades públicas, las comisiones de derechos humanos, etcétera, cuyos defectos de funcionamiento son atribuibles más al factor humano que a su propia estructura constitucional”.