Rosarito Informa.-El Partido Revolucionario Institucional presentó una denuncia por la comisión de delitos electorales, en contra del gobernador del Estado, Francisco Arturo Vega De Lamadrid, y el secretario de Desarrollo Social, Alfonso Álvarez Juan, dado que se tienen pruebas de que se están utilizando a promotores y recursos públicos de este último ministerio, para comprar votos durante los comicios del próximo domingo, denunció el Delegado especial del CEN Rogelio Rueda Sánchez.
Fue en la agencia receptora de La Mesa donde se presentó la referida imputación, quedando abierta la averiguación previa con el folio 3408/16/206. El partido tricolor posee documentos escritos, gráficos y audiovisuales, que dan cuenta de la estructura que se ha tejido, con el fin de trucar los próximos comicios.
Rueda Sánchez, presidente estatal del PRI en Colima y delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional en Baja California, solicitó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales que blinde los comicios, “para evitar que se desvíe o anule la voluntad de los ciudadanos”.
"Queremos hacerle un atento llamado a la Fepade, para que vigile en forma rigurosa el proceso electoral local, ya que se ha implementado, desde el poder Ejecutivo, una estructura compuesta por militantes panistas, incluyendo a funcionarios de la administración estatal en turno, para delinquir electoralmente”, sentenció Rueda, quien estuvo acompañado por Jorge Alberto Tsutsumi Valenzuela, líder municipal tricolor, en conferencia de prensa.
"Dicho entramado se halla encabezado por el propio gobernador del Estado, Francisco Arturo Vega De Lamadrid, quien colocó a cargo de toda la operatividad del mismo a la Oficial Mayor del poder Ejecutivo, Loreto Quintero Quintero, quien, desde hace años, es su brazo derecho para lo turbio”, añadió.
"Quintero está acompañada en dicha función por Juan Manuel Gastélum Rivera, delegado de la Cofepris en Tijuana e hijo del actual candidato panista a la presidencia municipal; Ricardo Magaña Mosqueda, ex titular de la secretaría de Desarrollo Social y actual candidato a diputado local panista por la vía plurinominal; así como por el ex diputado local, Óscar Martínez Garza, y el ex delegado de La Mesa, Leonardo Fernández Aceves", detalló.
"La función de ellos es ser la bisagra entre otros dos equipos. Uno, abocado a utilizar los apoyos y recursos de la Sedesoe, tales como despensas, con fines electorales, el cual es encabezado por Arnulfo Guerrero León, quien fuera subsecretario de Desarrollo Social y hoy es candidato a regidor para Tijuana
“A Guerrero lo secundan Luis Bustamante Mora, viceministro de la misma dependencia en la Zona Costa, y Luis Pérez Saucedo, de igual manera aspirante a edil en el 22 ayuntamiento tijuanense”, precisó.
"El otro equipo tiene como tarea la presión política y policial, siendo encabezado por Marco Antonio Sotomayor Amezcua, subsecretario de Seguridad Pública del Estado, el cual tiene a su cargo a Enrique Méndez Juárez, subsecretario General de Gobierno en Tijuana, y Manuel González Reyes, delegado de la Oficialía Mayor en la misma ciudad", explicó.
"Todos ellos son la punta de un iceberg que tiene, como turbio propósito, desviar y alterar la voluntad de los bajacalifornianos, generando una elección de estado que permita el triunfo de los candidatos panistas", alertó.
“Guerrero y su equipo van a hacerla de policía bueno, repartiendo dádivas a cambio de votos, mientras Sotomayor y los suyos serán el policía malo, teniendo la función de acosar a votantes opositores de su causa, objetivo para el cual tienen, además de la Policía Estatal Preventiva, a un brazo porril, conformado por residentes de centros de rehabilitación a los cuales benefició la Sedesoe con recursos, a cambio de estar dispuestos para este tipo de tareas”, especificó.
Rueda y Tsutsumi mostraron, de igual manera, pruebas de un reparto de vales, por mil pesos cada uno, para material de construcción, en el distrito 13, así como de bolsas con despensas, en el 16.
“Por todo lo anterior, demandamos la intervención de la Fepade, para evitar no solamente la violencia contra los ciudadanos que, evidentemente, conlleva un operativo como este, sino el robo de las elecciones y, por consiguiente, la acción de impedir la libre manifestación de los bajacalifornianos en las urnas”, concluyó.
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