Rosarito Informa.-En la efectividad de la fiscalización de los recursos
públicos, es donde radican las bases para que la ciudadanía exija que los
servidores públicos rindan cuentas de los dineros manejados y de los resultados
de su actuación, indicó el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI,
diputado David Ruvalcaba Flores.
Así lo mencionó al presentar ante el pleno del Congreso, una
iniciativa que adiciona la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos
Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios.
En su exposición de motivos, resaltó que la labor
fiscalizadora además de ser inherente a la gestión pública financiera, es parte
indispensable de un sistema regulador en el que se debe señalar oportunamente
las desviaciones normativas y las violaciones a los principios de legalidad,
eficiencia, eficacia y economía en la gestión gubernamental.
Por ello, dijo que uno de los grandes retos para cualquier
Estado democrático y moderno es el orientar en gran manera, sus recursos y
esfuerzos para prevenir prácticas de corrupción e impunidad, y lograr una
mejora continua de procesos administrativos y servicios públicos, a través de
la detección de áreas de oportunidad.
Con la reforma que adiciona un
De esta forma, David Ruvalcaba propone que se ponga al
alcance de los ciudadanos, en un término menor, la información del seguimiento que se le haya dado a las
observaciones detectadas en el proceso de revisión y fiscalización de las
cuentas públicas.
En su exposición de motivos, resaltó que por mandato
constitucional, es facultad del Congreso local, revisar, analizar y auditar las
cuentas anuales de las entidades fiscalizables, y dictaminar la aprobación o no
aprobación de las mismas.
Agregó que esta labor, es realizada por medio del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Baja California, el cual cuenta con
atribuciones para fiscalizar la administración, manejo, custodia y aplicación
de fondos, subsidios y recursos de cualquier entidad que manejen recursos de
origen público.
En ese sentido, el Congreso del Estado debe auditar las
actividades gubernamentales, sus autoridades administrativas y las diversas
instancias subordinadas. Su alcance incluye a todas las entidades integrantes
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Municipios, así como los
Órganos Constitucionalmente Autónomos y cualquier persona moral o física que
gestione u utilice recursos públicos, concluyó.
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