Rosarito Informa.-El Pleno del Congreso local desechó de plano, por
unanimidad, cinco denuncias de juicio político luego de que la Comisión
Jurisdiccional de la XXI Legislatura los dictaminara como improcedentes.
Lo anterior se determinó este día durante la sesión
ordinaria celebrada por la Vigésima Primera Legislatura, la cual fue encabezada
por la diputada Mónica Bedoya Serna, presidenta de la Mesa Directiva.
Con el dictamen número 26 de la Comisión Jurisdiccional, que
preside el diputado Armando Reyes Ledesma, se desechó la denuncia que enderezó
Asunción Collado Hernández en contra del presidente municipal electo, Gustavo
Sánchez Vásquez, por no cumplir con las causales que se establecen en las
fracciones II y III del artículo 14 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.
De igual manera, con los dictámenes 24 y 25 de la citada
comisión legislativa se sometieron a debate parlamentario dos demandas de
juicio político recibidas en esta Soberanía en contra del alcalde de Mexicali,
Jaime Rafael Díaz Ochoa.
En el primero de estos se incluye al síndico procurador,
Humberto Zúñiga Sandoval, así como a los regidores Carmen Alicia Arámburo León,
Amintha Guadalupe Briseño Cinco, David Reynoso González, Ramón Abraham Medina
Jiménez, Alejandro Gudiño Flores y Efraín Monreal Gastélum.
Esta denuncia también fue interpuesta por Asunción Collado,
quien acusó a los funcionarios “de aprobar supuestamente de forma ilegal y
fuera de sus atribuciones, el dictamen 08/15 de la Comisión de Seguridad
Publica, Tránsito y Transporte, relativo a instruir a Ia oficial mayor, por
conducto del presidente municipal, para que celebre contrato de prestación de
servicio en Ia Empresa ´Auto Traffic, S.A. de C. V´. ".
Esta empresa, que se especializa en sistemas de control de
tráfico, se contrataría para Ia instrumentación, operación y mantenimiento
integral de foto-infracción, en las vías a cargo del Ayuntamiento de Mexicali.
Sin embargo, la comisión que analizó la demanda determinó
que el denunciante “debió ofrecer pruebas de cargo con las cuales acreditara en
primera la existencia de la conducta reprochada, es decir, que la parte
promovente aportara elementos de convicción con los cuales sin lugar a dudas se
acreditara que el denunciado incurrió en las supuestas conductas negativas que
se le reprochan y que con ello se ocasionaran afectaciones en perjuicio del
denunciante o del interés público”.
Por lo anterior, se desechó la demanda al no cumplirse con
los supuestos establecidos en la fracción II del artículo 14 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Lo mismo ocurrió en otra demanda presentada por el mismo
Asunción Collado, quien acusó a Díaz Ochoa de incurrir en responsabilidades en
dos aspectos. El primero de ellos, en cuanto a que no formulo manifestación de
inconformidad alguna respecto a la firma del Convenio de Reconocimiento de
Adeudo y Pago en Parcialidades de fecha 29 de noviembre de 2013, celebrado por
el entonces presidente municipal y el director general de Issstecali, de
conformidad con el artículo 20 de la Ley de Entrega Recepción de los Asuntos y
Recursos Públicos para el Estado.
El segundo de los aspectos consiste en que, con motivo del
incumplimiento de cada uno de los pagos de las parcialidades estipuladas en el
Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Pago en Parcialidades de fecha 29 de
noviembre de 2013, al hacer caso omiso del periodo comprendido del 31 de diciembre
de 2013 al 30 de abril de 2016, han ocasionado un aumento exorbitante en el
monto inicial del adeudo el cual era de 439 millones 258 mil pesos y se elevó a
700 millones.
Sin embargo, la citada comisión determinó que no se cumple
la condición exigida en el artículo 14 fracción II de la precitada legislación,
por lo que se desechó.
Finalmente, se rechazó el juicio solicitado por José Roberto
Vázquez, César Baylón Chacón, ex presidente municipal; Jesús Méndez Sayas, ex
presidente municipal, Pablo Contreras Rodríguez, ex presidente municipal;
Donaldo Eduardo Peñalosa Ávila, ex presidente Municipal; Luis Alonso Ramírez
Zamora, presidente de la Asociación Tecate Unido, Luis Fidel Castro, miembro
del Grupo 21 de Tecate; María Dolores Ruiz Ortiz, presidenta del Comité de
Participación y Defensa Ciudadana; Ricardo Ávila Yocupicio, presidente del
Comité Municipal del PAN en Tecate; Jacinto Romero Estrada, ex coordinador del
Consejo Coordinador Empresarial de Tecate y María Teresa Méndez Vélez, en contra del ex alcalde de Tecate, Javier
Urbalejo Cinco.
La denuncia obedece a una autorización de celebrar un
convenio de comodato con un particular, referente a una vialidad pública,
denominada calle Álamo que se localiza en el parque industrial Tecate, el cual
se autorizó en sesión de cabildo de carácter extraordinaria, doliéndose los
denunciantes que “la propuesta fue aprobada sin consultarle a la ciudadana y
tomando esta decisión a espaldas de ella”.
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