Cero Grados.-El gobierno de Baja California dejó de utilizar este año otros $854.7 millones ya autorizados por el Gobierno Federal para obras de infraestructura y servicios, elevándose a casi $2,400 millones los subejercicios en lo que va de la administración de Francisco Vega de Lamadrid.
La diputada federal Nancy Sánchez Arredondo, consideró lamentable y mucho más tóxico que cualquier reforma estructural, el hecho de que por incapacidad, insensibilidad y falta de voluntad dejen de hacerse las obras que tanto reclama y necesitan los bajacalifornianos.
De acuerdo publicaciones nacionales, debido a la falta de planeación y opacidad de los gobiernos locales, este año más de mil proyectos sociales y de infraestructura se encuentran paralizados en el país debido a que las entidades federativas y la Ciudad de México dejaron de ejercer más de 33 mil millones de pesos ya asignados en el Ramo 23 del Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal.
“Lo más grave es que los gobiernos ya no pueden ejercer los recursos del Ramo 23 porque ya se vencieron las fechas para que los gobernadores y alcaldes tramitaran ante la Secretaría de Hacienda la obtención del dinero”, señaló.
Es así que los proyectos de infraestructura escolar, rehabilitación de espacios públicos, bacheo, pavimentación, obras viales y apoyos metropolitanos, entre muchos otros, quedaron sin realizar.
A pesar de las evidentes necesidades por obras e infraestructura, el Gobierno de Baja California no utilizó los más de 850 millones de pesos que tenía aprobados y disponibles para invertir en el Fondo Metropolitano para Tijuana y Mexicali con 158.5 y 38.8 millones de pesos, respectivamente.
De igual forma se perdieron $755.3 millones para proyectos de Desarrollo Regional entre los que destacan $450 millones para infraestructura a cargo del Gobierno del Estado, así como $280 millones del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.
La también secretaria de Frontera Norte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, recordó que de acuerdo con el informe oficial de la Auditoría Superior de la Federación, durante los ejercicios 2013 y 2014, el Gobierno de Baja California dejó de ejercer alrededor de 500 millones de pesos de gasto federalizado por cada año. Es decir, mil millones de pesos en dos años.
Se estima que una cantidad similar se dejó de ejercer en el 2015 y que sumados a los 854.7 millones de pesos que no se utilizaron este 2016 suman casi $2,400 millones desaprovechados y perdidos por la administración de Vega de Lamadrid.
La diputada Sánchez Arredondo señaló que el Gobierno del Estado tiene la obligación, en ese propósito de transparencia, de informar primero a los bajacalifornianos en qué invirtió los $355 millones y, segundo, en qué dejó de invertir los 854.7 millones del total de $1209.7 millones del Ramo 23.
“Es tiempo de igual manera de que se tomen medidas en contra de la negligencia, incapacidad, ignorancia o mala fe de quienes, a pesar de las evidentes necesidades de Baja California por recursos públicos, han dejado escapar estos miles de millones de pesos ya aprobados y etiquetados”, dijo.
A mitad de su mandato, Vega de Lamadrid está obligado a hacer un alto en el camino y evaluar con rigor metodológico el desempeño de sus funcionarios y colaboradores de primer nivel, especialmente a aquellos relacionados con el ejercicio de las finanzas, seguimiento y ejecución.
Queda demostrado una vez más, insistió, que es mucho más tóxica la incapacidad y la opacidad de gobiernos que por un lado denuncian recortes y exigen restitución de fondos, y por el otro pierden millones y millones de pesos ya etiquetados para obras que la sociedad exige.
La legisladora advirtió que estas omisiones generan además un efecto dominó al dejar sin obra a la industria de la construcción y en consecuencia reducir las oportunidades de empleo para miles, por lo que convocó a los empresarios de Baja California abandonar su apatía y exigir una explicación del porqué un estado con tantas necesidades se da el lujo de desperdiciar casi $2,400 millones.
“Debe el Poder Ejecutivo abandonar la cómoda postura del silencio, del dejar hacer y el dejar pasar, para finalmente responder con honorabilidad y responsabilidad a los reclamos de los sectores público, de reactivación de sus actividades, y del sector social, de atención a sus demandas.
“Deben los bajacalifornianos saber que esos $2,400 millones que el Gobierno del Estado ha perdido no son dádiva ni concesión graciosa de la Federación o la presuntuosa gestión del Gobierno Estatal, sino el regreso justo de sus impuestos”, puntualizó.
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