Rosarito Informa.-Durante su
participación en tribuna del Congreso del Estado, el diputado Luis Moreno
Hernández presentó un posicionamiento para manifestar su solidaridad con
comunicadores que han denunciado que serían víctimas de una campaña de
desprestigio.
Ante el Pleno de la XXII Legislatura de Baja California, refirió que, en días
pasados, el periodismo estatal "se estremeció con la noticia que apareció
en algunos medios de comunicación que daban cuenta de una inminente campaña de
desprestigio en contra de reconocidas periodistas".
Tal situación, expuso, deja en evidencia que en la entidad "la libertad de
expresión no es un derecho respetado, sino que la autoridad, al verse exhibida
por medios alternativos y críticos, eligen la peor de las opciones en una
democracia libre y participativa".
Refirió que se trata de campañas negras que se instrumentan a través de
portales y redes sociales "para tratar de manchar la honorabilidad y
prestigio de periodistas como Adela Navarro Bello, directora del Semanario
Zeta; y Dora Elena Cortes, directora de Agencia Fronteriza de Noticias; dos
personas que no sólo han puesto en alto el ejercicio del periodismo en nuestra
región, sino que además han fortalecido el reconocimiento a la justa
participación de la mujer en los asuntos de la vida pública".
Moreno agregó que, como según han difundido algunos otros periodistas, el hecho
de que el gobierno estatal pretenda atacar la vida privada de ambas
comunicadoras, "no sólo es un brutal atentado a la libertad de expresión y
al ejercicio de un periodismo objetivo, sino que además trata de coartar el
derecho que tenemos los bajacalifornianos de estar debida y suficientemente
informados sobre las acciones del gobierno y sus consecuencias económicas,
políticas y sociales para la población. Consecuencias que según vemos, por los
distintos niveles de gobierno tienen a la población sumergida en el hartazgo y
la incredulidad".
Refirió que el miércoles pasado, por parte del Gobierno del Estado se
publicó un desplegado donde se deslinda de las denuncias, pero que a su juicio,
"la respuesta a los señalamientos fue vaga, poco comprometida y no asume
un liderazgo activo que plantee siquiera una investigación formal para
deslindar responsabilidades".
"El negar sólo por negar, cuando se trata de revertir acusaciones, lo
único que hace es tratar de exhibir como mentirosas a las personas que con
derecho reclaman justicia. Por el contrario, en el ambiente político y
periodístico de nuestro Estado, es bien sabido que es lacerada de manera
sistemática la libertad de expresión", afirmó.
Moreno Hernández hizo referencia a la política pública de comunicación social
del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, la cual, "como es sabido, es el
condicionar el presupuesto de la publicidad institucional a los contenidos en
medios de comunicación. A lo largo de tres años, parece que esta área de la
administración, Vega se ha empeñado a contratar publicidad a cambio de
actitudes acríticas hacia el desempeño de la administración
estatal".
La ley mordaza
El legislador expuso que: “lo más grave de estas acciones, es que se presume
que aplica el veto a periodistas incómodos que prestaban sus servicios en
empresas mediáticas, sobre todo las radiofónicas, y por lo anterior y por lo
que se ve, el Gobierno opta por instrumentar la llamada Ley
Mordaza".
"Yo me pregunto. ¿Qué no se supone que Baja California ha sido cuna de
cambios para el bien de la democracia en México? . Aquí se vivió el primer
gobierno de alternancia. Aquí se efectuaron reformas electorales que luego
fueron replicadas a nivel nacional. Entonces ¿quién es el culpable de estos
retrocesos que nos recuerdan al México retrógrada donde la represión es el
mecanismo ideal para la perpetuación en el poder?", señaló.
Aludió a casos ocurridos a nivel regional y nacional, donde dijo “se demuestra
que ser periodista en tiempos de violencia no es cosa fácil; Y menos en Estados
como este donde el crimen organizado se pasea a sus anchas como dueños de la
casa. En estas condiciones se presenta este atentado al prestigio y la
credibilidad de ambas comunicadoras y a los medios que dirigen".
Dijo el legislador que: “Este ataque planeado, que ha trascendido proviene de
colaboradores del gobernador del Estado, además de significar un golpe al
ejercicio de la libertad, también pone en riesgo la integridad de Adela Navarro
y Dora Elena Cortes, por ello el PES celebra que la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), a través de su Quinta Visitaduría, ya haya tomado
cartas en el asunto a través del Mecanismo a Protección a
Periodistas".
Separar del cargo a responsables y crear Comisión Especial
"A nombre propio y del Partido Encuentro Social, exigimos una respuesta
urgente de la autoridad estatal y que no sólo deslinde responsabilidades, sino
que inmediatamente separe de su cargo a las personas que han sido señaladas de
ser los artífices de esta campaña negra y abra una investigación respecto con
resultados prontos y que satisfagan a las partes afectadas", refirió.
Agregó que: “De comprobarse esta situación, se comprenderá también de
dónde surgieron las campañas negras en la contienda electoral que atentaron
contra nuestros candidatos y de otros partidos, tratando dolosamente con ello
de manipular la percepción de los electores".
“A nombre del PES, manifestó su solidaridad a ambas periodistas, y al mismo
tiempo reiteró la más enérgica condena a todo intento de censura periodística”.
Por lo anterior, propuso que el pleno cree una comisión especial conformada por
diputados, periodistas, colegios de contadores, auditores externos y del propio
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, "para que se investigue a
cabalidad el manejo presupuestal que ejerce la Dirección de Comunicación Social
y sus direcciones tales como la de Imagen y Publicidad, y así confirmar lo que
muchos de nosotros hemos recogido del gremio periodístico, que los dineros
públicos se usan para intimidar, coaccionar o difamar a funcionarios,
adversarios políticos y periodistas".
"Desde luego, será un ejercicio para provocar las causas penales en dado
caso, y presentar los resultados ante la opinión pública y la Agencia del
Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales, sancionar a quien
fuera de la Ley haya actuado, e incluso permitido u ordenado. Esto, compañeros
diputados, inquietará a funcionarios de lo más alto del gabinete estatal pero
no por ello debemos de insistir, para el bien de nuestro Estado, la plena
transparencia de los recursos, que ahora nos dicen, son escasos", concluyó
Moreno Hernández.
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