Por.- Alfredo Calva
El silencio también se compra….
Posterior
a la aprobación de la mal afamada Ley del Agua por parte de quince de los
veinticinco diputados que integran la XXII i del Estado, a quien por cierto los
ciudadanos despectivamente denominaron como “Los Notables”, toda la ciudadanía se
dedicó a criticar la actitud de los legisladores y su falta de transparencia en
su ejercicio y responsabilidad parlamentaria para con sus representados.
Ante
una acción que los bajacalifornianos consideraron un acto de inconstitucionalidad,
al establecerse en la citada ley el corte definitivo del servicio de agua por
adeudo, y de agravio por la privatización de los organismos operadores de los
sistemas de agua potable y alcantarillado, emergieron organizaciones que han
sido los portadores del clamor ciudadano exigiendo la derogación de la ley al
considerarla nociva dando puntual seguimiento al asunto, como la denominada “Célula
686” que se ha dedicado a exigir a los diputados que dieron su voto a favor en
sus domicilios particulares y módulos de atención ciudadana, den marcha atrás a
la ley del agua.
Estas
acciones aunadas a las críticas que en los medios de comunicación han realizado
sobre el particular actores políticos y dirigentes de organismos empresariales
y de comités de ciudadanos, contribuyen a que se logre el objetivo de la
derogación, sin embargo, existe otra parte de este asunto al que los ciudadanos
se les ha olvidado, o cuando menos no le han dado la importancia debida, los
legisladores que sufragaron en contra, los diez diputados que se opusieron a la
privatización de los organismos operadores de los sistemas de agua potable y
alcantarillado.
Si
bien es cierto que los mayoritearon, también es verdad que el ordenamiento
legislativo señala que, de existir inconformidad en la aprobación de una ley
por un porcentaje de legisladores que equivale al 33 por ciento o más, los
diputados inconformes tienen la posibilidad de presentar ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN), un procedimiento de inconstitucionalidad, que
permita derribar la ley, que por cierto ya esta en vigencia.
Hasta
el momento los diputados opositores no han dicho nada sobre el tema, han estado
mudos, como si su responsabilidad hubiese terminado con la votación en la que
fueron superados por el panismo y sus comparsas, los legisladores de MC y del
PRD, y este silencio es preocupante y llama la atención, porque también el
silencio y la omisión se pueden negociar, el ejecutivo puede adquirir la apatía
sobre el tema de quienes el día de la votación no estuvieron de acuerdo con la
iniciativa o cuando menos, con una sección de la propuesta del gobernador.
A
los diputados que votaron en contra le restan diez días para presentar ante la
SCJN la demanda de anticonstitucionalidad, de no hacerlo, pues darán a entender
que, una de dos, o no les importa las consecuencias y afectaciones que tendrá
la ley del agua para la población, o ya comercializaron su silencio y
obligación a quien guarda interés particular y de negocio de que la ley
prevalezca y se ejecute.
Pronto
lo sabremos.
Se
organizan los rosaritenses…
La
experiencia de actos de violencia que se vivió en Playas de Rosarito el pasado
sábado ocho, dejo una secuela de preocupación y a ocupación entre la mayoría de
los rosaritenses, están consientes de que no debe de repetirse este tipo de
situaciones en los que se vieron inmersos ciudadanos y elementos de
corporaciones policíacas de los tres ordenes de gobierno.
En
reunión celebrada a la que acudieron rosaritenses que guardan resquemor en
contra de las políticas públicas implementadas por los tres niveles de gobierno,
que ya afectan la economía de las familias, acordaron integrar un comité de lucha
que sirva de interlocutor con las autoridades a las que se entregarán sus
propuestas y demandas, bajo el esquema de respetar los derechos de terceros,
para que sus derechos al igual sean respetados por las autoridades.
Que
así sea.
Y
mientras tanto….
Los
rosaritenses exigen la salida del Mayor Magdaleno Vázquez Luís, como director
de la policía municipal, por su participación activa y violenta en contra de rosaritenses
que participaban en el plantón en la vía de acceso a la planta de Pemex.
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