Cero Grados.-Los diputados integrantes de las fuerzas
políticas del Congreso de Baja California aprobaron por unanimidad de votos,
los dictámenes 4 y 5 provenientes de la Comisión de Gobernación, Legislación y
Puntos Constitucionales, mediante los cuales se elimina el fuero a nivel
federal y estatal, respectivamente.
El dictamen
4, leído en tribuna por el diputado Andrés de la Rosa Anaya (PAN), contiene
iniciativas presentadas por los partidos PBC, MC y PAN para reformar diversos
artículos de la Constitución nacional, a fin de que pueda procederse penalmente
contra diputados y senadores del Congreso de la Unión, ministros y magistrados
federales, fiscal General de la República, así como contra gobernadores,
diputados y magistrados de las entidades, entre otros servidores públicos de la
administración federal y de los gobiernos estatales.
Para que
pueda procederse penalmente contra ellos, contempla el referido dictamen,
“bastará con la notificación a vinculación a proceso que realice el juez que
conozca de la causa penal, al servidor público de que se trate en términos de
la Ley, para que proceda de inmediato a la separación temporal del servidor
público en los términos de ley, durante el tiempo que dure el proceso penal”.
Agrega que
“el servidor público que se encuentre sujeto a proceso penal, únicamente podrá
ser separado del cargo si se trata de delitos catalogados como graves de
conformidad con esta Constitución. En este caso el juez de la causa procederá a
la separación del cargo, salvaguardando sus derechos. En el caso de los
servidores públicos de elección popular, el presidente de la Cámara de
Diputados o de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión o de la
Legislatura local de que se trate, hará la declaratoria de separación temporal
del cargo, en los términos de su Ley Orgánica”.
En cuanto al
dictamen 5, que comprende iniciativas de los partidos PBC, MC, PRI y PRD para
modificar artículos de la Constitución de Baja California y leído por el
legislador Alejandro Arregui Ibarra (PRI), se establece que para proceder
penalmente contra el gobernador, diputados locales, magistrados del Poder
Judicial, secretario General de Gobierno, procurador General de Justicia, así
como contra presidentes municipales y regidores, entre otros funcionarios del
Estado, “bastará que el juez de control dicte auto de vinculación penal, en los
términos del Código de Procedimientos penales”.
Dispone
también que “en tratándose de servidores públicos de elección popular, el juez
notificará al Congreso del Estado a fin de que sea éste quien declare la
separación del cargo en los términos de Ley”.
Además, se instaura de “que en el caso de que la resolución del juez fuese no
vincular a proceso, o que vinculando al mismo, las medidas cautelares no
impidiesen al servidor público permanecer en el cargo, éste solo podrá ser
separado por resolución judicial ejecutoriada, sin que lo anterior demerite o
impida el desarrollo del debido proceso penal de que se trate”.
El dictamen 4 aprobado por la XXII Legislatura de Baja California será enviado
al Congreso de la Unión para el trámite legislativo que corresponda; mientras
que el número 5 se turnará a los Ayuntamientos del Estado, para que sean votados
por sus respectivos cabildos. En caso de que la mayoría de éstos lo avalen, el
Congreso procederá a pronunciar la declaratoria de incorporación constitucional
de las presentes reformas.
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