Argumentó que existe una alarmante diferencia de síntomas emocionales entre los
deportados, casi veinte veces más que los que presentan los de retorno
voluntario. Un dato preocupante es que el sesenta y cinco por ciento de los
deportados carece de afiliación a servicios públicos de salud en México.
El legislador de Movimiento Ciudadano se expresó en estos términos, al
presentar ante el Pleno una Iniciativa con proyecto de decreto de reforma
al artículo 11 de la Ley de Salud Pública del Estado de Baja California.
La propuesta consiste en adicionar la fracción II-Ter, al artículo
citado, para quedar de la siguiente forma:
“Atender a las familias y personas repatriadas que no sean derechohabientes de
las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de
previsión social en salud en el Estado, incorporándolas al Sistema Estatal de
Salud, de manera inmediata a su ingreso al territorio nacional, y garantizarles
plenamente los derechos a la protección de la salud a que se refiere esta Ley”.
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