Cero Grados.-Sin que signifique una defensa a ultranza de nadie, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional exigió la aplicación de una justicia exenta de interesas partidistas.
A través de la diputada federal Nancy Sánchez Arredondo, la fracción priista respaldó el punto de acuerdo del Partido Encuentro Social en el que solicita a las autoridades, tanto federales como de Baja California, a mantener criterios de imparcialidad en cuanto a las controversias que se presenten, derivadas de la inhabilitación del ciudadano Julián Leyzaola Pérez, para ocupar cualquier cargo público en el Ayuntamiento de Tijuana.
“Hoy es Julián Leyzaola el afectado, mañana puede ser cualquiera que ose competir electoralmente contra el PAN en Baja California. Por estos motivos es que apoyamos este Punto de Acuerdo donde lo único que deben aplicar los encargados de impartir justicia son principios de certeza, legalidad, independencia e imparcialidad”, dijo.
En su turno ante la tribuna, la legisladora federal subrayó que permitir que política y justicia se mezclen, es distorsionar por completo el sentido de ambas, y dejar en la total indefensión al ciudadano en sus derechos más elementales
“Impartir justicia no es una tarea sencilla. Es una de las responsabilidades más complicadas de la función pública, y es una realidad innegable que las personas encargadas de impartirla, forman parte de la misma comunidad a la que sirven y juzgan, debiendo llevar siempre la obligación de hacerlo alejados de ideologías políticas y con plena independencia de los partidos en el poder”, indicó.
La diputada Sánchez Arredondo recordó que un funcionario encargado de seguridad pública, señalado por atentar contra los derechos humanos, fue sometido al escrutinio de la justicia por presuntos actos de abuso de autoridad y ese mismo ciudadano, en ejercicio de sus derechos políticos, estuvo a punto de alcanzar una victoria electoral contra un representante del partido en el poder en Baja California.
En política no existen las coincidencias, pero, fortuitamente, se esgrime ahora en su contra la misma denuncia que la autoridad electoral no consideró como impedimento para permitirle postular una candidatura, expresó.
Y puntualizó: “No abogamos por una defensa a ultranza de nadie, simplemente exigimos la aplicación de una justicia exenta de intereses partidistas.
Tras señalar que la ciudadanía ya ha manifestado de muchas maneras su descontento por actos y decisiones de gobierno sobre temas que atañen a los partidos políticos, demandó que el sistema de justicia se aplique para lo que fue creado, no para castigar a contendientes electorales.
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