Cero Grados.- Las instituciones de Baja California, tienen asignaturas pendientes de cubrir con los pueblos indígenas aquí asentados, como la de abrir espacios para que expresen con toda libertad, los temas que más les interesan, para mejorar sus condiciones de vida, señaló el diputado Catalino Zavala Márquez.
Esto fue mencionado por el coordinador de diputados de MORENA, al presentar un proyecto de consulta para la creación del Parlamento Indígena de Baja California.
Destacó en su exposición de motivos, que una de las formas de asegurar la participación de los indígenas de distinta etnia, edad y sexo, es a partir de la elección por ellos mismos, de representantes a un Órgano, que tenga el carácter de lugar de encuentro y reflexión para la acción de los indígenas que viven en la Entidad.
También dijo que la participación organizada de los indígenas, puede constituir un motor extraordinario que contribuya a superar el rezago social y a poner a la vanguardia a esta Entidad, en materia de legislación hacia este grupo social.
Para el legislador, la organización de los pueblos indígenas del Estado, tanto nativos como migrantes, debe ser amplia, plural, democrática; y abarcar a todas las etnias asentadas en los cinco municipios, estableciendo reglas claras para garantizar un proceso transparente de debate sobre las propuestas de los propios indígenas que beneficien a todos, en sus intereses comunes.
El Parlamento Indígena, se plantea como un organismo autónomo, permanente, integrado por Parlamentarios y Parlamentarias indígenas electos (as) democráticamente en el seno de sus pueblos y comunidades, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Catalino Zavala propuso que la organización de la primera elección del Parlamento Indígena cuente con el apoyo institucional del Congreso del Estado; y en su caso de los gobiernos, estatal y municipal, para la realización de la jornada electoral y para la validación de los resultados.
Finalmente sugirió que esta iniciativa se envíe en forma simultánea a las Comisiones del Congreso local, así como a los Poderes Ejecutivo y Judicial; grupos de la sociedad civil y organizaciones indígenas del Estado; para que en un plazo de 30 días, envíen su opinión y observaciones para que sean consideradas en la elaboración del dictamen correspondiente.
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