Cero Grados.-Se necesita tener mucha seguridad en sí, o
bien, poseer el cinismo suficiente para declarar que aquellas publicaciones que
ponen en evidencia corrupción, malos manejos, desórdenes administrativos y
conductas que plantean indicios de ilegalidad, son exclusivamente consecuencia
de que el nombre vende.
Así, como si fuera una marca, fue la defensa de la titular
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Robles
Berlanga, cuando reaccionó a la más reciente revelación por desvío de recursos
que el diario Reforma publicó el pasado martes 11 y que implica el envío a
domicilios particulares de 700 millones de pesos en efectivo.
Expuesta frecuente a los escándalos desde que fue jefa del
gobierno capitalino en sustitución de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Rosario
Robles ha logrado sortear cada episodio con legalismos, politiquería y una
constante protección de los grupos políticos a los que se adhiere en su
prolongada trayectoria, pletórica de gatopardismo.
Sentirse una marca que vende no bastó. Robles Berlanga
anunció que había interpuesto ya una denuncia contra quien resulte responsable
por las filtraciones de información que en las dependencias donde ha trabajado
en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la han expuesto a lo que consideró
difamación y desinformación desde los medios de comunicación.
Salir así, diríase coloquialmente, echada para adelante, es
en realidad un desafío que redunda con la disposición a que el próximo gobierno
de Andrés Manuel López Obrador la investigue, reiterándose la primera
interesada en que prospere toda indagatoria.
En el fondo, todo se relaciona con las resistencias al deber
ser de la vida pública, a la impreparación para ejercer un cargo público sin
los asideros mínimos, ya no digamos de la ética, sino de la legalidad. Su
conducta es producto de una deformación en la forma de concebir el servicio
público.
A seis años de formar parte del gabinete, Rosario Robles ha
batido los récords de la opacidad. Hubo inclusive un comisionado del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) que contó pormenores de las presiones que la peñanitetista
impuso sobre el pleno, en relación a los diferentes llamados de atención que
públicamente se le hicieron por su afán de ocultar.
Era un asunto sencillo: una solicitud de información que
pretendía saber el costo de haber invitado a Luiz Inacio Lula da Silva, para
inaugurar el programa –a la postra fracasado— Cruzada Nacional contra el
Hambre. Un asunto entre muchos, en los que lo mismo en la Sedesol que en la
Sedatu, marcaron su obsolescencia en el servicio público.
En otra ocasión, un colega solicitó una serie de contratos.
La respuesta planteó que sólo disponían de formato físico por lo que debía
pagarse la reproducción. Varios miles de pesos se depositaron a la cuenta del
sistema, sólo para recibir miles de copias que repetían, anexa a contratos incompletos,
la ley de adquisiciones.
Esta vez, ha ido más allá. Ha denunciado a quienes han hecho
pública la información que, en principio, debería ser pública en un asunto para
el lucimiento de marca que difícilmente prosperará.
Pero sobretodo, el desafío a ser investigada supone un nuevo
reto al próximo gobierno que hasta ahora no ha tenido una posición contundente
frente a los escándalos de corrupción de actual gobierno, especialmente, al
tratarse de un grupo político que, en el pasado, durante la jefatura de
gobierno 2000-2005, ya la investigó y la dejó impune…
Ante el reto planteado, debe venir la respuesta, porque de
lo contrario, de manera ineluctable, remitirá a una reedición de la protección
declarada por Enrique Peña Nieto, cuando Robles Berlanga fue objeto de las
primeras acusaciones por desvío de recursos con fines electorales este sexenio
y que le permitieron salir avante con el famoso “no te preocupes Rosario, hay
que aguantar”.
Fuente: https://www.proceso.com.mx
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