Cero Grados.-Ante su salida de la Unión Europea (UE),
prevista para marzo próximo, Gran Bretaña se encuentra en una encrucijada:
apoya un acuerdo de transición que la mantenga unida al bloque hasta 2020 o
enfrenta el abismo
Este dilema ha sumergido al gobierno conservador de la
primera ministra Theresa May en una de las peores crisis políticas de las
últimas décadas, con graves consecuencias para el futuro del país.
May logró sobrevivir a una salida forzada del gobierno
pedida por el ala más anti-europea de su partido, al tratar de convencer a su
agrupación, a la clase política y al electorado de Gran Bretaña, de su polémico
acuerdo sobre el Brexit con Bruselas.
Bajo el plan que logró acordar la primera ministra británica
con la UE, se establece con claridad que Gran Bretaña tendrá tiempo hasta el 31
de diciembre de 2020 como mínimo para prepararse ante el nuevo escenario de la
salida, y que ese período de transición puede incluso prolongarse el tiempo
necesario hasta que quede definida y acordada la nueva relación comercial entre
Reino Unido y la UE.
También evita una frontera “dura” entre la República de
Irlanda e Irlanda del Norte al mantener a este última dentro de la unión
aduanera.
Sin embargo, esto implica que el gobierno británico deberá
respetar muchas de las normativas de la UE y no podrá firmar tratados
comerciales con terceros países durante ese periodo.
A poco más de una semana de haber anunciado junto al negociador
principal de la UE, Michel Barnier, dicho acuerdo para sentar las bases de la
salida británica del bloque, May enfrentó sendos pedidos para dar un paso al
costado, tras haber sido acusada de ceder demasiado ante Bruselas.
Una veintena de parlamentarios conservadores anti-europeos
encabezados por el excanciller Boris Johnson y el ultraconservador Jacob
Rees-Mogg, este último presidente del European Research Group, que aglutina al
núcleo duro de ‘tories’ euroescépticos, coincidieron en que el modelo que busca
May equivale a mantener el país como un “vasallo” de la UE de manera
indefinida, aceptando sus normas sin tener voz ni voto a la hora de tomar
decisiones.
Los euroescépticos creen además que el plan dejará al Reino
Unido en un “limbo” por tiempo indeterminado, impidiéndole que haga acuerdos
comerciales por separado con otros países del mundo.
El descontento fue tal dentro del gabinete de May, que
varios de sus ministros y secretarios renunciaron a su cargo, incluido el
secretario para el Brexit, Dominic Raab, y el secretario de Estado de
Transportes, Jo Johnson, hermano de Boris. Este último aseguró que el acuerdo
en curso “sería un terrible error” y pidió un segundo referendo.
Los diputados conservadores euroescépticos esperaban juntar
48 firmas para obligar a una votación interna que decida la jefatura del
partido y tumbe a May de su cargo.
El proceso se iniciaría si así lo pide un 15% de los
diputados conservadores. Dicho mecanismo comienza a partir de cartas que se
entregan a Graham Brady, presidente del denominado Comité 1922 del partido, en
el que están representados aquellos parlamentarios que no forman parte del
Ejecutivo.
Como los conservadores tienen 315 diputados en la Cámara de
los Comunes, la cifra necesaria para pedir por una elección interna que decida
la jefatura de la agrupación oficialista es de 48 cartas.
Por ahora, esa cifra no fue alcanzada, pero los
parlamentarios euroescépticos esperan que se alcance esa marca si aumenta el
descontento con la primera ministra.
Dentro de su gabinete, los cinco euroescépticos –Michael
Gove, Liam Fox, Chris Grayling, Penny Mordaunt y Andrea Leadsome– dijeron que
sólo apoyarán el acuerdo alcanzado con Bruselas, si May logra cambiar el
borrador de retirada antes de la cumbre europea extraordinaria convocada para
este domingo 25 de noviembre.
May no sólo tiene que hacer frente a una gran división
interna dentro de su partido, sino también a una fuerte oposición por parte del
Partido Laborista, del Partido Nacionalista Escocés (SNP) y del Partido
Democrático del Ulster (DUP), este último del que depende para obtener una
mayoría en el Parlamento.
Esas tres agrupaciones han advertido que votarán en contra
del acuerdo por el Brexit en una votación clave prevista para comienzos de
diciembre en la Cámara de los Comunes.
Los diputados enfrentan tres posibles opciones. Pueden votar
a favor del acuerdo que alcanzó May, permitir que el Reino Unido abandone la UE
sin ningún acuerdo, o convocar a un segundo referéndum, que podría llevar a que
se suspenda el Brexit de forma indefinida.
Tanto el opositor Laborismo como muchos conservadores
euroescépticos señalaron que no permitirán que el país abandone la UE sin un
acuerdo previamente firmado con Bruselas.
De todos modos, May ha advertido que si el Parlamento
rechaza el plan que acordó con Bruselas, Gran Bretaña enfrentará un posible “no
acuerdo” con la UE para marzo próximo, con consecuencias “catastróficas” para
la economía, la distribución de alimentos y medicamentos, además de serios
inconvenientes para sectores como el de transporte aéreo, controles fronterizos
y aduanas.
La primera ministra británica enfrenta además un choque
directo con España, que habría amenazado con descarrilar el acuerdo por el
Brexit al demandar a Londres negociaciones por separado por el futuro de la
soberanía del Peñón de Gibraltar.
Por su parte, David Mundell, el secretario británico para
Escocia, amenazó que renunciará a su cargo si Gran Bretaña sigue “atado” a las
políticas pesqueras y cuotas de pesca impuestas por la UE después de 2020.
En tanto, la secretaria británica para Irlanda del Norte,
Karen Bradley, dijo que en caso de un “no acuerdo” con Bruselas, deberán
imponerse controles fronterizos entre las dos Irlandas, ya que los requisitos
de la Organización Mundial del Comercio “son muy claras” al respecto.
Luego de sobrevivir a un primer intento por deponerla de su
puesto, la primera ministra inició una maratónica ronda de entrevistas,
ponencias y conferencias públicas en el país para lograr convencer a los
distintos sectores de la sociedad de las bondades del acuerdo alcanzado con
Bruselas.
En una ponencia ante la Confederación de la Industria
británica (CBI), el pasado 18 de noviembre, May dio a conocer nuevas medidas
inmigratorias para atraer a “los mejores candidatos, sin priorizar a ciudadanos
europeos”.
Sin embargo, la directora general de CBI, Carolyn Fairbairn,
alertó de que “el fin de la libertad de movimiento (de comunitarios) y un nuevo
sistema de inmigración suponen un cambio sísmico, al que las empresas del país
necesitan tiempo para adaptarse”. Acusó al gobierno de crear “una falsa
elección entre trabajadores de alta o baja calificación”, cuando la economía
británica necesita de ambos.
Según Fairnairn, los sectores de la economía como la
hostelería, la agricultura, la construcción y el sistema de salud, “ya están
expresando temores por la dificultad de encontrar personal adecuado”.
A pesar de las críticas, el presidente de la CBI, John
Allan, consideró que, aunque el borrador del acuerdo de salida “no es
perfecto”, evita “la ruina” de abandonar el bloque sin pacto.
“Estamos tratando de alcanzar un acuerdo que respete el
resultado del referéndum y minimice el daño a nuestra economía”, dijo el
empresario.
Lo cierto es que este mes, al menos unos 200 ejecutivos
firmaron una carta reclamando a los diputados que rechacen el texto cuando se
vote en Westminster, y que se convoque a un segundo referéndum.
May tiene previsto viajar a Bruselas en los próximos días
para encabezar ella misma las negociaciones de salida, incluyendo acordar una
fecha para la extensión del período de transición, el esquema para una relación
futura con la UE y eventuales acuerdos comerciales con el bloque.
“Vamos ampliar con más detalles la declaración política
entre ambas partes para transformarla en un acuerdo de relación a futuro”,
informó un portavoz oficial de May en la residencia de Downing Street.
“Aún queda mucho trabajo por hacer. La primera ministra ha
calificado este período como ‘crítico’, y creemos que las negociaciones a
partir de ahora serán intensivas”, agregó.
Lo cierto es que la profunda crisis que atraviesa el
gobierno de May, las divisiones constantes dentro del Partido Conservador, y el
fantasma de un “no acuerdo” a sólo cuatro meses de la fecha de salida del
bloque, están teniendo consecuencias en la opinión de los británicos.
El más reciente sondeo de opinión, elaborado por la
consultora Opinium para el semanario The Observer, concluyó que el Laborismo de
Jeremy Corbyn ya superó a los conservadores como el partido con más apoyo entre
el electorado.
Los laboristas obtuvieron 39% del apoyo, comparado con 36%
para los conservadores, que retrocedieron cinco puntos desde el mes pasado. En
tanto, la tercera fuerza política del país, los Liberales Democráticos,
quedaron con 7%, un retroceso de un punto desde octubre, mientras que el euroescéptico
Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP), fundado por el ultra
nacionalista Nigel Farage, mejoró un punto, al obtener 8% de la aprobación
popular.
El sondeo de Opinión reveló que el decline de los “tories”
se debe principalmente al abandono de los votantes conservadores por la salida
de la UE. El mes pasado, 59% de esos británicos que votaron por el Brexit
dijeron que votarían por el Partido Conservador en caso de celebrarse una
elección general en el país.
Ahora, la proporción de los llamados brexiteers (a favor del
Brexit) que apoyan a los conservadores cayó 10%, hasta el 49%. El apoyo al
Laborismo por parte de esos votantes aumentó cuatro puntos, hasta el 26%,
mientras que para el UKIP el incremento por parte de los brexiteers fue de seis
puntos, hasta el 16%.
La consulta será otro incentivo para el partido de Corbyn,
que busca obligar a May a llamar a unas elecciones generales para poner fin al
“caos” generado por las negociaciones del Brexit.
John McDonnell, el portavoz de Finanzas en la oposición,
también defiende la idea de convocar a elecciones generales, convencido de que
aún hay tiempo para que un nuevo gobierno laborista negocie otro acuerdo antes
de que Reino Unido abandone la UE en marzo.
La encuesta es una mala noticia para aquellos dentro del
Partido Conservador que quieren un segundo referéndum sobre la salida del
bloque, ya que los votantes por el Brexit, indicó, están preparados para votar
en masa al UKIP si se hace peligrar la salida de la UE.
De acuerdo con el total de los consultados, 22% dijo que el
acuerdo que consiguió May con Bruselas “es aceptable”, en tanto que 46% de los
conservadores considera que su agrupación debería apoyar a la primera ministra
y dar el sí a su plan.
Los simpatizantes del Laborismo también están divididos
acerca de si esa agrupación debería o no apoyar el acuerdo. Un 42% de los
laboristas dijo que su partido debería rechazar el plan de May, mientras que
22% opinó lo contrario.
Tras ser consultados acerca de si los británicos deberían
poder decidir al respecto en un segundo referéndum en caso que el Parlamento
rechace el acuerdo de May, 49% se mostró a favor de una nueva consulta, en
tanto que 38% la rechaza.
A pesar de los constantes embates y críticas a su liderazgo,
May sigue siendo la jefa política con mayor apoyo popular (30%), una caída de
dos puntos comparado con el mes pasado, en tanto que Corbyn quedó en segundo
lugar, con 23%.
De todos modos, 56% desaprueba la forma en que May encaró
las negociaciones por el Brexit, comparado con sólo 26% que consideró sus
tratativas como “positivas”.
Por el contrario, sólo 19% de los británicos aprueba la
forma en que Corbyn ha lidiado con el tema del Brexit, frente a un 50% que
desaprueba totalmente cómo el jefe laborista ha encarado esas negociaciones.
Al gobierno de May se le está acabando el tiempo para
conseguir apoyo al polémico acuerdo con la UE. Luego que los líderes de la UE
rechazaron la idea de reiniciar las conversaciones sobre el Brexit, la primera
ministra británica está obligada a conseguir que su plan sea avalado en el
Parlamento de Westminster, o de otro modo enfrentará un posible abismo
político, económico y social para su país.
Fuente: https://www.proceso.com.mx
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