Cero Grados.-La inseguridad es el problema más importante
que aqueja a la población, lo que ha obligado a los bajacalifornianos a cambiar
sus hábitos por temor a ser víctimas de la delincuencia, además del costo que
esto representa y que, en Baja California, rebasa los ocho mil millones de
pesos, afirmó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección
Civil de la XXII Legislatura, diputado Job Montoya Gaxiola.
Así se expresó el diputado Montoya al darle la bienvenida al
secretario de Seguridad Pública (SPP) del Estado, José Fernando Sánchez
González, quien acudió este día ante la mencionada comisión legislativa, para
exponer las acciones que lleva a cabo la dependencia en el combate a la
delincuencia.
Sánchez González, quien acudió acompañado por el director de
la Policía Estatal Preventiva (PEP), licenciado Luis Felipe Chan Baltazar, así
como por el subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, David Limón
Grijalva y el resto de los funcionarios de la SSP, además de representantes de
organismos sociales, dio a conoce algunas de las estrategias desarrolladas.
En presencia también del diputado Raúl Castañeda Pomposo,
Montoya Gaxiola le señaló al funcionario que existe una gran preocupación entre
los bajacalifornianos ante la ola de violencia que azota a la Entidad y citó
los datos del INEGI, que en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana,
publicó que en el primer trimestre de 2019, en Tijuana y Mexicali, el 68 por
ciento de personas mayores de 18 años cambiaron su hábito de llevar consigo
objetos de valor en la vía pública, por temor a ser víctimas de la
delincuencia; el 75 prohibió a los menores salir de su vivienda; el 66 evita
salir por la noche y más del 40 por ciento manifestó que ha cambió su hábito de
visitar parientes o amigos.
A todo lo anterior, indicó el legislador, “habrá que adicionar
el impacto económico que conlleva la inseguridad. En 2017, esto significó, a
nivel nacional, un costo total de 300 mil millones de pesos, lo que representan
el 1.7 por ciento del PIB; mientras que para el Estado de Baja California, el
costo rebasó los 8 mil millones de pesos.
Precisó que una de las más inmediatas y palpables
consecuencias de la inseguridad, es el costo que genera invertir en medidas de
protección que, por más sencillas que sean, afectan la economía familiar, y
que, al colocar rejas, bardas, púas, candados, etcétera, se genera un contexto
de temor, de defensa y de exclusión.
Ante este panorama poco alentador -señaló-, “se entiende que
haya reclamos a las autoridades actuales y que la expectativa sea muy alta
respecto a la próxima administración. En este sentido, es necesario partir de
un diagnóstico claro, certero y actualizado que nos permita establecer los
equilibrios necesarios entre reclamos y expectativas”.
Por su parte, el titular de la SPP dio a conocer el Programa
Rector bajo el cual funciona esta secretaría, el cual comprende, entre otras
cosas, la distribución de un mil 703 de alarma instalados, aunque el objetivo
es la instalación de 10 mil alarmas vecinales y la inhibición de señal en los
cinco reclusorios del Estado, para impedir la actividad de los extorsionadores.
El funcionario criticó que los jueces liberen con tanta
facilidad a las personas que son remitidas por portar armas, especialmente a
aquellas que de grueso calibre que están prohibidas para la población civil,
pues al recuperar su libertad se convierten en potenciales homicidas.
A pregunta expresa, Fernando Sánchez respondió que sería un
grave error desaparecer a la Policía Estatal Preventiva, pues se echaría por la
borda toda la experiencia acumulada, la base de datos respecto a los grupos
delictivos, las zonas peligrosas y otros elementos a considerar, por lo que
opinó que se debe pensar en fortalecerla en lugar de desaparecerla.
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