Cero Grados.-El Pleno del Poder Legislativo, avaló una
proposición que exhorta al titular del Ejecutivo estatal, a informar si existe
un convenio, donde se establezca algún acuerdo para el descuento vía nómina de
los trabajadores del gobierno del Estado con la asociación civil, denominada,
Centro de Estudios y Análisis Humanistas.
Asimismo,
gire instrucciones a los responsables de la Secretaria de Planeación y Finanzas
y de la Oficialía Mayor del Estado, para que rindan un informen y expliquen a
cuánto asciende la cantidad total del dinero destinado a esta la asociación civil, producto de las
deducciones realizadas a la nómina catorcenal de los trabajadores del Estado
desde el año 2007.
De igual
forma, esta Soberanía, aprobó la solicitud para que el titular de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental realice una investigación sobre este
hecho.
Además, se
determinó citar a comparecer ante la Comisión de Fiscalización de esta XXII
Legislatura, al titular de la Oficialía Mayor de Gobierno, a fin de enterar a
este Poder de la situación detallada de esta situación.
Así como, a la unidad técnica del Instituto Nacional
Electoral (INE), revise el tema de las cuotas voluntarias, realizadas a este
organismo.
La propuesta
presentada ante la máxima tribuna del Poder Legislativo, por la diputada
Araceli Geraldo Núñez, señala que recientemente fue publicado en diversos
medios de comunicación, una denuncia, donde se plantea que el Gobierno del
Estado desde el año del 2007 a la fecha, aplica una deducción del 2 por ciento
en el pago de nómina catorcenal, a una gran cantidad de servidores públicos que
laboran en la dependencia estatal y en los ayuntamientos.
Dijo “resulta intrigante y a la vez sospechoso que dichas
deducciones a la nómina catorcenal de trabajadores sean dirigidas a la cuenta
de esta asociación civil”. Recalcó, este no es un tema de partidos si no un
tema de dinero que afecta a los funcionarios públicos directamente en su bolsillo.
Desafortunadamente hay mucho temor por parte de los
trabajadores del Gobierno del Estado a denunciar este tipo de acciones por
miedo a ser objeto de hostigamiento laboral o en su caso a ser despedidos,
subrayó.
“Uno de los mayores riesgos que pone en peligro el bienestar
político, económico y social de la población en general, es la malversación de
los recursos públicos para asuntos electorales o particulares. Es entonces que
el desvío de recursos públicos se ha convertido en la mejor herramienta
política de distintos actores, principalmente del gobierno, para enriquecerse a
sí mismos, a alguna empresa, fundación o instituto político”, precisó.
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