La legisladora de Morena dijo que de acuerdo a información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Baja California se encuentra dentro de las cinco entidades federativas que registraron las tasas más altas de este ilícito que de forma directa afecta al patrimonio de los ciudadanos.
Rocío Adame expresó que lamentablemente estos sucesos se cometen, en su mayoría, durante los periodos vacacionales.
Estos ilícitos atentan contra el patrimonio de la sociedad, vulnera el derecho humano a una vivienda en una comunidad segura y al cuidado de los bienes y la integridad de las familias, por lo que al incluirse en los delitos catalogados de oficio para la persecución de las autoridades ministeriales.
“El robo a casa habitación es el segundo con mayor número de denuncias en la entidad, lo que ejemplifica la preocupación social por este ilícito”, afirmó.
En la actualidad, agregó, ante la falta de la querella correspondiente quedan en libertad las personas que cometieron la conducta ilícita del robo a casa habitación o en lugar cerrado.
Explicó que al ser considerado como delito grave en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece la prisión preventiva para esta conducta, es por eso que debe ser perseguido por oficio por parte de la autoridad competente.
La diputada morenista propuso que el ministerio público actúe cuando el delito de robo se cometa en edificio, vivienda, aposento o cuartos que estén habitados o destinados para habitación comprendiéndose en esta denominación también a los móviles, sea cual fuere el material en que estén construidos.
También aquel delito que se cometa en lugar cerrado para así tutelar el patrimonio, toda vez que daña la economía de las familias y transmite sentimientos de inseguridad y riesgo frente a los embates de la delincuencia.
“El robo a casa habitación ha tenido un cambio normativo que amerita prisión preventiva, por lo que se busca disminuir su impacto y erradicar conductas antisociales, al tiempo de que sociedad y gobierno sumen esfuerzos para la construcción de un clima de seguridad y paz”, puntualizó.
La propuesta de reforma al Código Penal del Estado, en su fracción II del artículo 206, se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.
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