Señaló en su exposición de motivos que, un estudio presentado por la ONU denominado “Evaluación rápida del impacto de la COVID-19 en las redes de tráfico ilícito de migrantes”, reúne información esencial para entender las dinámicas relacionadas con la facilitación de la migración irregular con ánimo de lucro, durante la pandemia y los cambios que la práctica en general ha sufrido en México.
Lo anterior sirve como antecedente -dijo- pues permite analizar las dinámicas migratorias en ocho Estados de México, dentro de los cuales Baja California está incluido y destaca la falta de información oportuna tanto en las personas migrantes como entre los actores gubernamentales y civiles que apoyan a las personas migrantes para responder mejor a las situaciones de riesgo a las que se enfrentan.
Resaltó que, de acuerdo con señalamientos de académicos y activistas expertos a la situación migrante, estos se enfrentan a múltiples peligros como: secuestro, extorsión, trata o tráfico de personas, entre otros, en su búsqueda por llegar a los Estados Unidos, lo que orilla a las autoridades a prestar mayor atención en el tema y poner en marcha estrategias que combatan el delito en este rubro.
Aunado a lo anterior, expuso que en la Entidad se han encendido las alarmas con respecto a los asesinatos cometidos en contra de migrantes de origen haitiano. Desde 2020 hacia la fecha, han existido más de 15 asesinatos perpetrados a personas originarias de este país, así lo reporta el Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afroamericanos de Tijuana, la mayoría de estos causados por el uso de arma de fuego, en lo que se presume que están relacionados a asaltos.
"Como ya lo hemos mencionado, el paradigma migratorio en el cual estamos inmersos, requiere de emprender con mayor ímpetu, acciones de combate a los delitos que atentan contra la migración. Baja California, se ha caracterizado por ser una Entidad que se preocupa por desarrollar políticas e infraestructura que ayude al sector migrante, tal es así que, dentro de la organización de la FGE, existe la Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra Migrantes”, subrayó.
Finalmente, Román Cota refirió que en la comparecencia de titulares de Seguridad y Fiscalía de la sesión de la Junta de Coordinación Política que se llevó a cabo en fecha reciente sobre el tema en cuestión, a pregunta expresa que hizo, respondió el Fiscal General del Estado, que: “Se está tomando en consideración que existe esa necesidad y que en su momento se legisló dentro del reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía, pero no se le dotó de los recursos económicos, humanos y técnicos necesarios para su operación, de tal suerte que esta dirección se encuentra focalizada en la Fiscalía de Unidades Especializadas”.
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