En una detallada exposición de motivos, el diputado Blásquez Salinas explicó que la discapacidad se manifiesta de múltiples maneras y tiene orígenes diversos. La mayoría son de nacimiento y algunas surgen en la vejez, en la etapa del declive natural del cuerpo humano. También pueden ser producto de acontecimientos inesperados como accidentes o resultar víctimas de delitos, de lo cual nadie está exento.
La discapacidad es un trastorno que se proyecta afectando indistintamente la salud física, la mental y hasta la emocional. La discapacidad se traduce en un obstáculo y, en ocasiones, impedimento para que quien la padece se inserte en la vida familiar, comunitaria y social.
Lo que se necesita en materia educativa para apoyar a las personas con discapacidad, precisó el diputado, está previsto en la Convención sobre sus derechos aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
El tratado contiene toda una preceptiva en torno a la educación de las personas con discapacidad. Se trata de una visión integral que parte de un enfoque que abarca todos los aspectos que la persona con discapacidad requiere conocer y las habilidades por dominar para posicionarse en un plano de igualdad con el resto de la población.
Introducir la perspectiva internacional permite aprovechar las conclusiones de un trabajo interdisciplinario llevado a cabo durante varios años por equipos de expertos de diversas partes del mundo. Sin duda, el alineamiento de la Ley de Educación con los postulados de una Ley-Marco, como lo es la Convención, permitirá dotar a las personas con discapacidad de competencias y habilidades idóneas para mejorar su nivel de vida y escalar en la sociedad.
En este orden de ideas, el propósito de la presente proposición parlamentaria consiste en garantizar aquellas acciones en el hecho educativo que favorezcan el desarrollo del máximo potencial, creatividad e inserción en la sociedad de las personas con discapacidad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) realizada por el INEGI en el año 2018, de las personas de 5 años o más que habitan en el país, 7.7 millones tienen discapacidad.
De cada 100 personas con discapacidad, 51 son adultos mayores (60 años o más). La enfermedad es la causa de la dificultad (discapacidad) más reportada (44.4 por ciento).
De las personas con discapacidad que tienen 15 años o más edad, 38.5% forman parte de la población económicamente activa. Dos años después, al llevarse a cabo el Censo 2020, los datos fueron los siguientes: "El INEGI contó en el rubro de discapacidad a 20
La cifra anterior resulta de la suma de los 6 millones 179 mil 890 (4.9%) que fueron identificadas como personas con discapacidad, más los 13 millones 934 mil 448 (11.1%) que dijeron tener alguna limitación para realizar actividades de la vida diaria (caminar, ver, oír, autocuidado, hablar o comunicarse, recordar o concentrarse), y a los 723, 770 (O. 6%) con algún "problema o condición mental", éste último, un término que permite equiparar la medición actual con la del Censo 2010, en la que se hablaba de personas con "limitación mental"
Lamentablemente, en lugar de encontrar simpatía y solidaridad en el resto de la sociedad, es frecuente que reciban y se enfrenten a la indiferencia e incluso al rechazo social. El derecho a la igualdad se ha ido perfeccionando, en gran medida, para salvaguardar el plan de vida de las personas con discapacidad.
En congruencia con la actitud proactiva de las personas con discapacidad, se ha pasado de la no discriminación a las normas de contenido programático, tendientes a la creación de condiciones que permitan a las personas con discapacidad igualar su participación en la sociedad.
Según la Secretaria de Bienestar, en Baja California viven 151,945 personas con alguna discapacidad, de
COMUNICADO
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