En la iniciativa, la legisladora establece como finalidad de la propuesta, la armonización legislativa, consistente en la búsqueda de coincidencias entre la normatividad a nivel federal y la normativa interna de nuestro Estado en la materia, razón por la cual es necesario emprender acciones a efecto de evitar conflictos entre normas de distintas jerarquías y sobre todo dotar de eficacia los instrumentos y disposiciones legales del Estado en la materia que nos ocupa.
Con lo anterior, explicó que se establece que dichos servicios, en ningún caso, podrán ser utilizados con fines de promoción electoral, ni puede condicionarse la prestación a participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un determinado candidato, partido político o coalición.
Refirió que las prácticas ilegales en la gestión y otorgamiento de los servicios de asistencia social afectan, entre otras cosas, nuestro sistema democrático, pues generan desigualdad e inequidad en las contiendas electorales pues el poder público se utiliza en favor o en contra de partidos, candidatos o coaliciones electorales.
“Desafortunadamente ante el inicio de campañas electorales, tanto federales como de las entidades federativas, los servicios de asistencia social son utilizados con fines distintos a los de su objeto social, convirtiéndose así en moneda de cambio en el ámbito político-electoral que viene trastocar los principios fundamentales de cualquier estado de derecho como son, la prevalencia del sistema democrático, el ejercicio de los derechos fundamentales y el debido y transparente uso de los recursos públicos”, indicó.
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