Esta cuestión configura uno de los mayores desafíos sociales, políticos y económicos para los países del continente americano, ya que, cuando una adolescente se convierte en madre, sus derechos sexuales, reproductivos, de salud y educación, entre otros, se ven vulnerados a corto plazo.
Así lo señaló la legisladora de Morena, en la exposición de motivos de su Iniciativa de reforma al Código Civil de Baja California, cuyo objeto es dar aviso a la autoridad por parte del registro civil, en el caso en que una madre menor de edad presente a una persona recién nacida, para descartar que haya sido víctima de algún delito que haya puesto en riesgo su integridad.
“Podemos suponer -dijo- que un gran número de embarazos en niñas y adolescentes, no son resultado de actos deliberados o de decisiones entre personas con igual libertad y con la posibilidad de consentir o disentir actos sexuales, sino que son resultado de actos de vulnerabilidad, abandono, abuso, relaciones dispares de poder y pobreza, en las que se les retira la posibilidad de negarse al acto sexual, provocando una grave violación a sus derechos humanos”.
Un análisis de los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016), mostró que el 2.8 por ciento de las mujeres que tuvieron su primera relación sexual en la infancia o en la adolescencia, no la consintieron.
También mostró que 1.2 millones de mujeres fueron obligadas a tener relaciones sexuales por la fuerza o bajo amenaza alguna vez durante su infancia. La encuesta también muestra que 8 de cada 10 agresores son conocidos de las víctimas y que 7 de cada 10 son familiares como el padre, padrastro, tío, hermano, primo.
Para atender y combatir esta situación, son necesarias acciones específicas desde distintos sectores, tanto de salud, como educativos y sobre todo de procuración de justicia, para dar una protección integral y garantizarles el acceso a las niñas y adolescentes a sus derechos humanos.
La protección de las juventudes, es un factor determinante para el crecimiento económico, por lo que aumentar las vías a través de las cuales las autoridades pueden garantizar el acceso a la justicia para este grupo poblacional, se vuelve objetivo de la presente propuesta.
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