Baja California, especialmente Tijuana, enfrenta una crisis habitacional debido a la llegada de migrantes. “A pesar de los intentos anteriores por construir viviendas de interés social, los gobiernos neoliberales permitieron que la especulación inmobiliaria genere numerosos asentamientos irregulares, formados por familias que buscan un hogar en terrenos considerados ociosos y alejados de la mancha urbana”, indicó la promovente.
Aun con la falta de servicios básicos y la precariedad de los espacios, esto no detiene la llegada de más familias, que, al no tener claridad sobre los límites de las propiedades, se asientan rápidamente en busca de seguridad.
La situación se agrava por los prolongados procesos judiciales que enfrentan los propietarios para recuperar sus terrenos, los trámites legales son lentos y muchas veces requieren de juicios individuales, lo que hace casi imposible encontrar soluciones globales.
Con el tiempo, estos asentamientos se consolidan, generando una comunidad que se autoorganiza para proveer servicios básicos, como agua y electricidad, además de dar cabida a pequeños negocios.
Yohana Gilvaja manifestó que ante la falta de un marco jurídico que reconozca la permanencia de los asentamientos, las autoridades de los tres niveles de gobierno deben adoptar un enfoque proactivo que considere los intereses de propietarios y familias vulnerables, las autoridades municipales deben promover el diálogo y buscar soluciones equitativas, evitando que los desalojos se conviertan en una respuesta violenta a la crisis habitacional.
“Las colonias Terrazas y La Morita destacan entre los asentamientos donde los desalojos ordenados judicialmente agravan la tensión entre las familias, ya que no se les ofrece alternativas de vivienda, cada desalojo, fomenta la resistencia de los habitantes, en un Estado Social y Democrático de Derecho, es fundamental implementar políticas públicas inclusivas que involucren a todos los afectados, en lugar de depender únicamente de la intervención policial”, declaró la legisladora.
Debido a la relevancia del tema, el exhorto fue aprobado por la mayoría de los legisladores, y de forma particular 15 diputados y diputadas solicitaron adherirse al proyecto con la intención de darle mayor sustento y buscar soluciones para mejorar las condiciones de vida de las comunidades afectadas en la mayoría de los municipios del Estado.
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